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Agro

Compradores de aceitunas denuncian un presunto fraude a la Hacienda pública

Agro

13 de Febrero de 2019

Compradores de aceitunas denuncian un presunto fraude a la Hacienda pública

La Asociación de compradores de aceitunas de Extremadura han denunciado el “control afixiante” por parte de los funcionarios de las entidades autonómicas y estatales que en muchas ocasiones “al castigarnos  a nosotros están castigando a los sectores sociales más desfavorecidos de esta sociedad”.

De hecho, la aprobación en la Asamblea de Extremadura de la norma que regulaba el rebusco de uvas y aceitunas tenía como objetivo cargárselos, ese era su cometido.

Así, el rebusco de uvas ha desaparecido, y el próximo objetivo es liquidar el rebusco de aceitunas; “ambos elementos muy importantes en el sostenimiento económico de muchas familias humildes, sobre todo en estos períodos de desempleo y precariedad”, señalan.

“La aprobación de esta  norma reguladora en  la Asamblea de Extremadura  se elabora a consecuencia de la presión e influencia de ciertos grupos de poderosos agricultores afincados en Tierra de Barros, que con su influencia en la Delegación del Gobierno han fomentado y han dado pié  a una excesiva intervención de registro y vigilancia de nuestra actividad compradora por funcionarios públicos”, aseguran desde esta asociación.

Si las tareas de rebusco que practican los sectores más humildes se controlan y se persiguen a rajatabla, “a nuestro entender hay otras cuestiones muy importantes que se dan en la Agricultura que requieren mayor atención por nuestros políticos, o quizás que nuestros políticos no se atreven con ellas”, apuntan.

Así por ejemplo, los fondos procedentes de la Unión Europea para la Política Agraria Comunitaria “no tienen una distribución ajustada a las necesidades de los agricultores y a su contribución a la producción y al empleo en el medio rural, la mayor parte de estos fondos comunitarios van a los grandes productores agrícolas”, denuncian.

“Otro asunto que los grupos políticos no se atreven a cuestionar y permanece muy silenciado es el referente al cobro del IVA. No es muy conocido popularmente el presunto fraude millonario a la hacienda pública que se produce con el cobro del IVA en la facturación de las producciones agrícolas. Hay que saber que cuando un agricultor vende su producción de uvas y aceitunas recibe un pago equivalente al 10 % de la facturación en forma del IVA. El límite establecido por la Hacienda Pública es que esta producción nunca debe superar los 250.000 euros, a partir de este límite no se cobra el 10 % del IVA”, explica esta asociación.

“Las sospechas  que tenemos se basan en que hay agricultores que tienen una producción en valor muy superior a esta cantidad por cuyo exceso no cobrarían el IVA, pero que hábilmente asignan estos excesos a familiares o a otros pequeños agricultores que no rebasan esta cantidad con el objeto de poder cobrar el IVA, lo que claramente es un fraude a la Hacienda Pública”, inciden. 

Desde la Asociación de Compradores de Aceitunas han solicitado a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas que se investigue el “presunto fraude” que se realiza en este asunto con la venta de uvas y aceitunas.

“Consideramos que sería fácil que las instituciones públicas como la Inspección de Trabajo, Seguridad Social, Agencia Tributaria y Guardia Civil, controlaran la producción real y el cobro del impuesto indicado, sobre todo en el caso de los grandes productores agrícolas”.

Aquellos organismos, indican, “disponen de los medios suficientes para comprobar que estas producciones se ajustan a la realidad puesto que disponen de los datos suficientes para que guiándose entre otros aspectos en el número de jornales pagados en los períodos de recolección y/o la utilización de servicios externos de maquinarias cosechadoras que justifiquen la contratación de un menor nivel de jornales”.

En todo caso, desde esta asociación, solicitan que los grupos políticos tomen las medidas oportunas para que las diferentes entidades y organismos públicos antes citados investiguen e intervengan en lo que sospechan que puede haber un presunto fraude millonario a la Hacienda Pública.

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