“No es que no haya trabajadores para el campo, es que no quieren ser explotados”

Desde Campamentos Dignidad llaman la atención sobre las recientes declaraciones de algunos dirigentes agrícolas indicando que no es comprensible que haya tanta escasez de mano de obra en Extremadura para la realización de ciertas actividades de temporada, a pesar del elevado número de parados existentes, tal y como indican las estadísticas.

Tampoco entienden que con el elevado número de jornadas de trabajo que se dan en las diferentes faenas, los obreros/as agrícolas no puedan presentar 30 peonadas, y no sólo esto, sino que además quieran eliminarlas, como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario en períodos de desempleo.

En síntesis, los representantes de la Organización Agraria dan a entender que los obreros/as agrícolas extremeños no están interesados en ocuparse de la vendimia o en las diferentes faenas agrícolas, “lo que no se corresponde con la realidad, sólo hay que darse una vuelta por los pueblos de Tierra de Barros para comprobar la disposición a emplearse de españoles y extranjeros”.

“Otra cosa bien diferente es que los salarios, las horas de trabajo, los destajos, los desplazamientos, los tiempos de bocadillo y otras condiciones laborales determinen que haya trabajadores que no se resignen a aceptar una sobreexplotación laboral que denigra su dignidad humana y los considera como animales”.

PROPUESTAS

Hay que aumentar la vigilancia en el campo con más Inspectores de Trabajo. En estos períodos, especialmente en la vendimia, se concentra una abundante mano de obra foránea en nuestros pueblos viviendo en unas condiciones de enorme precariedad, en naves y pisos pateras, situación que es aprovechada por algunos Patronos Agrícolas desalmados para llevar a cabo una sobreexplotación laboral de esta mano de obra pagando salarios muy por debajo de lo que marcan los convenios provinciales.  

La presencia en el campo de muchos más Inspectores de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normativas laborales sería un elemento necesario para combatir la sobreexplotación laboral que tanto daño hace a la clase trabajadora, haciendo inútiles los convenios y tirando por los suelos los salarios, sino porque la enfrenta y divide, creando brotes de racismo y xenofobia que se trasladan al conjunto de la sociedad.

Hay que negociar un nuevo convenio colectivo que recoja con más fuerza que el actual los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo.

El convenio agrícola tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. Por tanto, ahora, es un buen momento para que las Organizaciones Sindicales comiencen a dar los pasos para la negociación de una nueva normativa que modifique hacia arriba, ampliamente, los salarios establecidos en el vigente convenio, excesivamente bajos y muy inferiores a los ingresos que precisa una familia normal para vivir dignamente; son cantidades que están muy por debajo del umbral de la pobreza.

En 2017 el umbral de pobreza en España fue de 8.522 € por persona. En el caso del umbral de pobreza por hogar, compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años, era de 17.896 € euros. Los obreros agrícolas eventuales, extranjeros o españoles, no alcanzan ni mucho menos estos ingresos. Según los datos de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, un total de 330.000 personas se encuentra en situación de riesgo de pobreza en Extremadura, un 35,8% de la población.

El convenio provincial agrícola se firmó en el año 2016 con vigencia de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a la tabla que se acompaña.

Según los datos estadísticos, la subida del IPC en Extremadura desde el 1 de enero de 2016 hasta julio de 2018 ha sido del 4.5 %, mientras que los salarios fijados en los convenios suben globalmente el 1.1%, es decir suben unos 40 céntimos desde 2016 hasta diciembre de 2018.

El nivel de los salarios fijados en el convenio agrícola para las diferentes faenas es una muestra evidente de la relación de fuerzas que existe en Extremadura entre trabajo y capital; actualmente, muy favorable a los dueños de los medios de producción, es decir, al capital.

En el estado de cosas actual, es una obviedad decir que la capacidad reivindicativa para alcanzar mejoras salariales es muy insuficiente, por lo que un objetivo prioritario del movimiento obrero debe ser la recuperación de su organización y de la influencia sindical en el campo que está prácticamente desaparecida. Desde los Campamentos Dignidad y la Organización en Defensa de lo Público “estamos intentando colaborar en este cometido con mucha voluntad pero con unos medios muy limitados”.

Los ingresos anuales que proceden de los trabajos eventuales y los subsidios obtenidos durante el período de desempleo apenas llegan a las familias de los trabajadores agrícolas para satisfacer sus necesidades básicas del día a día. La realidad es que para mejorar su nivel de vida y alcanzar un mínimo bienestar que les permita superar los umbrales de la pobreza se debieran pagar salarios de 100 euros, como mínimo. Las mejoras salariales propiciarían un aumento del consumo que repercutiría en el conjunto de la sociedad extremeña, y en su desarrollo económico.

Hay que eliminar de una vez la justificación de todas las peonadas. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen que justificar que tienen una serie de jornadas realmente trabajadas para poder cobrar la renta o subsidio agrario durante el período en el que están en el desempleo. A estas jornadas reales de trabajo se les llama vulgarmente ‘peonadas’. Ciertamente, es una necesidad que el gobierno elimine la presentación de estas jornadas reales como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario.

Para los obreros/as agrícolas es difícil conseguir las peonadas de referencia, y no sólo por la dificultad de encontrar trabajo sino también porque buen número de patronos no se las quieren firmar. En definitiva, son muchos trabajadores/as los que tienen que comprarlas para juntar las necesarias que les permitan cobrar la renta agrícola o al subsidio agrícola, pagando desde 15 a 20 euros por peonada. Este hecho define un claro elemento de sumisión del obrero al patrón; es un ingrediente que condiciona de manera muy importante toda la relación laboral del lado del empleador, de tal manera que en muchas ocasiones no se piden a los patronos las peonadas por miedo a que no se les vuelva a contratar.

En concreto, para el cobro de la renta agraria se necesitan 35 jornadas reales como mínimo, en el caso del subsidio agrícola se necesitan 20 jornadas reales pudiendo suplir las 15 restantes con trabajos en el AEPSA.

En la medida en la que se tengan más jornadas de las mínimas se cobra más oscilando desde el 80% hasta el 107% del IPREM. Es decir, desde unos 430 euros hasta unos 576 euros aproximadamente. Los acogidos al subsidio agrario cobran 430 euros.

Esta renta se cobra un máximo de 180 días para jóvenes desde los 16 años hasta un máximo de 300 días para personas mayores de 52 años. En general, el número máximo de días que se percibirán al mes se calcula restando a 30 el número de días trabajados o percibidos de prestación por incapacidad temporal, maternidad o paternidad.

FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Hay que perseguir el fraude a la Seguridad Social. Las organizaciones agrarias conocen perfectamente el “fraude consentido” o “legal” que se puede dar en las cotizaciones sociales a la seguridad social. El procedimiento establecido para que los patronos den de alta y baja a los obreros/as agrícolas es tan flexible que quienes quieran defraudar puedan hacerlo fácilmente. El mecanismo permite que el patrón puede comunicar la baja en la seguridad social en un plazo de 6 días desde que se dejó de trabajar.

La sobreexplotación laboral en el campo está presente en muchas faenas agrícolas; por mencionar algunas de ellas podemos referirnos a las relacionadas con los ajos; aquí no se cumplen convenios, el destajo predomina en toda la labor, pagándose el kilo de ajo embolsado a unos céntimos con lo que durante más de 8 horas de trabajo no se alcanza a cobrar unos 30 euros.

Todo esto, teniendo a los trabajadores “de prueba” unas semanas, sin alta en la seguridad social. Y si esto ocurre en torno a los ajos, no dejemos de lado lo que ocurre en algunas fincas en las que se trabaja con gallinas, aquí las relaciones laborales son las del siglo XIX como tiempo más próximo.

POR: Juan Viera Benítez (Organización en Defensa de lo Público).