Piden a las compañías de suministros mano dura contra los okupas

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ‘Leyantiocupas’ ha hecho llegar a las compañías de suministro energético, telecomunicaciones y agua una batería de demandas encaminadas a salvaguardar la seguridad de los inmuebles, así como a garantizar la legalidad de sus sistemas de contratación, y contribuir con ello a la defensa de los derechos esenciales de los propietarios víctimas de la ocupación ilegal, habitualmente lesionados a través de cuantiosos perjuicios económicos, entre otros.

Los inmuebles afectados por la lacra de la ocupación ilegal son con frecuencia objeto de irregulares y peligrosas manipulaciones en su distribución, comprometiendo gravemente la seguridad de todos los vecinos y disparando las lecturas de consumo en el recibo de la comunidad, haciendo recaer injustamente el gasto del excedente sobre todos sus miembros.

El enorme perjuicio económico soportado por los propietarios víctimas directas de la ocupación ilegal o inquiocupación sustenta la petición de la Plataforma ‘Leyantiocupas’ a las compañías comercializadoras y suministradoras consistente en la exención de cualquier pago de suministro, consumo o servicio a todo propietario que como consecuencia de este grave atentado contra la propiedad privada, no se encuentre en pleno ejercicio fáctico del derecho de usufructo del inmueble del que es titular.

Tener que afrontar el pago de los suministros de un inmueble usurpado supone una doble penalización dentro de su asfixiante vía crucis. Asimismo, también han solicitado liberar del pago de los recibos de consumo general a las comunidades de vecinos afectadas, que aumentan sensiblemente la lectura de sus contadores con motivo de la sustracción ilegal de suministro, de la que en modo alguno sus miembros son responsables.

Con motivo de esta doble penalización a las víctimas de la ocupación ilegal, la Plataforma ‘Leyantiocupas’ ha trasladado a todas las compañías la necesidad urgente de acometer con la mayor periodicidad posibles revisiones exhaustivas de los edificios e inmuebles sobre los que hayan tenido constancia de ocupación ilegal, que comprendan, además del cuarto de contadores, todo el circuito de distribución a lo largo de las zonas comunes, incluyendo garajes y trasteros, con el propósito de anular y sanear todas las instalaciones ilegales existentes, haciendo especial hincapié en la supervisión de las instalaciones en el interior de los pisos ocupados ilegalmente.

Asimismo, Leyantiocupas ha recordado a estas compañías la necesidad de denunciar de oficio ante las fuerzas de seguridad las irregularidades detectadas en los trabajos de revisión, con el fin de identificar el fraude y depurar las correspondientes responsabilidades penales, además de proceder a la mayor brevedad a la subsanación y corte de suministro de acuerdo con la normativa vigente.

Por otro lado, Leyantiocupas ha alertado a todas las compañías sobre la práctica habitual de contratar suministros sin la preceptiva acreditación de título alguno sobre el derecho de uso del inmueble, argucia que, constituyendo una acción delictiva más por parte de los ocupantes ilegales, suele ir acompañada de un bajo grado de exigencia y rigor en los procedimientos de contratación de algunas entidades comercializadoras y suministradoras a la hora de requerir títulos de propiedad o contratos de alquiler.

Por este motivo, la Plataforma ‘Leyantiocupas’ les ha demandado en su misiva la incorporación de medios de verificación sobre la legalidad de los contratos de suministro , como el requerimiento a sus titulares del documento que acredite su propiedad o derecho de uso, y la iniciación del correspondiente trámite de corte de los suministros cuyos titulares no aporten dicha documentación.

Además, Leyantiocupas ha insistido a las compañías suministradoras en la necesidad de comprobar, a través de la documentación identificativa de los intervinientes, así como de los correspondientes títulos de propiedad de los arrendadores, la legalidad de los diferentes contratos de arrendamiento, algunos de los cuáles podrían resultar ser falsos.

Por otra parte, habida cuenta del reconocimiento de algunos ayuntamientos de haber empadronado a los ocupantes ilegales, praxis que esta plataforma ha solicitado prohibir dentro de sus propuestas de reforma legislativa, ‘Leyantiocupas’ ha aclarado que un certificado de empadronamiento no sustenta el derecho de uso de un inmueble, lo que quizás, en ocasiones ha podido ser interpretado en sentido contrario, dando lugar a posibles contratos de suministro ilegales.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ‘Leyantiocupas’ ha instado a todas las compañías de suministro energético, telecomunicaciones y agua, a tener en cuenta estas consideraciones y demandas en adelante, en aras de salvaguardar la legalidad y la seguridad de los servicios prestados, así como a buscar nuevas fórmulas que eviten que el perjuicio originado por la ocupación a estas empresas recaiga sobre las ya maltratadas víctimas directas de este grave problema.