Trasladan a Anticorrupción un Caso de filtración masiva de datos de Salud en Extremadura

Tras sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de la Asociación Defensor del Paciente y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada ha iniciado trámites para unificar la investigación penal de ambas denuncias a la Fiscalía Anticorrupción.

Las denuncias desencadenantes de estas diligencias de investigación penal relatan ante la Fiscalía hechos relacionados con una supuesta obtención ilícita y posterior difusión con ánimo de lucro de documentos de salud con datos personales, propiedad de Instituciones Autonómicas de Andalucía y Extremadura, y por tanto, responsables como personas jurídicas ante una presunta vulneración a las Constituciones de España y la Unión Europea en sus declaraciones al Derecho Fundamental a la Intimidad de ciudadanos españoles y europeos.

Los hechos denunciados afectan presuntamente a numerosos funcionarios públicos de la salud, pacientes y trabajadores de los servicios de salud de Andalucía y Extremadura; cuyos datos personales, laborales y de salud, pudieran haber sido vulnerados y utilizados ilícitamente. Por los hechos denunciados se observa como presunta autora a una multinacional alemana del sector farmacéutico ‘Laboratorios BOEHRINGER’ en España, motivo por el cual asociaciones ciudadanas de la sociedad civil presentan estas denuncias.

Indican también que los hechos denunciados están sustentados con numerosas pruebas documentales "directas e indiciarias" que obran en poder del trabajador de la empresa denunciada, alertado de esta supuesta corrupción por parte de las organizaciones sindical y ciudadana de pacientes, SAT y Defensor del Paciente.

Las  pruebas documentales contundentes obran en poder del mencionado trabajador, que las recibía en su correo electrónico corporativo; pruebas que han comunicado en la denuncia ante  Fiscalía en poder solo del trabajador, debido a contener datos sensibles de salud y por lo tanto, documentos reservados  a ser entregados, tanto a denunciantes, como a la empresa farmacéutica denunciada que, en su momento solicitó al trabajador en un supuesto abuso de autoridad  por estar protegidas por Ley Ogánica de Protección de Datos.

Esta Ley define como obligación inequívoca, contar con el consentimiento de los afectados para trasladar datos personales, aspecto que demuestra la indefensión laboral a la que se enfrenta el trabajador afectado, actualmente en situación de Incapacidad Permanente Total por un cuadro de trastorno adaptativo mixto reactivo al conflicto laboral y en litigio por vía de lo Social con la empresa denunciada, motivo por el cual el trabajador se ha visto obligado a elevar a la Comisión Europea su derecho de amparo a la Directiva Europea en Protección de Denunciantes de corrupción.

Estas denuncias ante la Fiscalía, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Asociación del  Defensor del Paciente, están sustentadas en el Articulo 19 del Reglamento Organice del Estatuto del Ministerio Fiscal, considerando que los hechos denunciados podrían vulnerar los siguientes puntos del mencionado Estatuto, al considerar que en los hechos que denunciamos podrían existir participación necesaria de funcionarios públicos de salud y pasividad de las personas jurídicas responsables, Servicio Andaluz y Extremeño de Salud:

Delitos de prevaricación, Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada, Fraudes y exacciones ilegales, Negociación prohibida a los funcionarios, Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, y Delitos societario.