OPINIÓN: Justicia para interinos y temporales

Ha pasado ya más de un año (19/03/2020) desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea decretara el abuso de temporalidad que se produce en las Administraciones Públicas españolas y la necesidad de que se aplique una sanción lo suficientemente disuasoria que desincentive el abuso y obligue a dejar de llevarlo a cabo (sentencia C-103/18 y 429/18). Desde entonces, la Junta de Extremadura, además de no contestar en tiempo y forma a empleados públicos en abuso de temporalidad que han reclamado sobre su situación, ni siquiera ha hecho un solo pronunciamiento público al respecto. Y eso que es una de las Administraciones que tiene más alta tasa de temporalidad de España, nada menos que el 20,7% del total de su plantilla.

Lo que ha hecho la Junta de Extremadura es aún peor que no haber hecho nada: lo único que ha hecho es el anuncio de una Oferta Pública de Empleo (OPE) que englobaría gran parte de esas plazas de interinos, de manera que la sanción exigida por el TJUE no iría a la Administración incumplidora sino a los trabajadores perjudicados, que serían así víctimas por segunda vez, obligados a jugarse toda su vida laboral en un examen sobre materias en las que llevan trabajando décadas. No soluciona el problema de estabilidad laboral de las personas que han demostrado, de sobra, validez para el desempeño, sino sólo el relleno funcionarial de la plaza por cualquier persona.

La Junta de Extremadura, como el resto de Administraciones Públicas, actúa peor que el sector privado: no ha traspuesto la Directiva 1999/70 CE que sí se aplica en la empresa privada, no hace fijos a sus empleados temporales a los tres años como sí está obligada la empresa privada, no existe indemnización alguna para trabajadores temporales despedidos tras décadas de trabajo (una de las sanciones que propone la UE) y obliga a los interinos que ya pasaron un primer proceso selectivo a pasar un segundo para demostrar lo que ya han demostrado con creces.

Los trabajadores interinos, que en su mayoría ya pasaron un proceso de selección y que llevan años o décadas trabajando en puestos estructurales de la Junta de Extremadura no tienen que demostrar ningún mérito ni capacidad: está más que demostrado. Para lo que sirven las OPE es para quitarse de en medio a trabajadores incómodos, para enmascarar irregularidades llevadas a cabo por el personal directivo de la Junta y para maquillar el fraude de ley que ha cometido la Administración con miles de plazas que debieron salir a concurso a los tres años de su creación, y que llevan como temporales décadas.

La Junta de Extremadura debe decidir qué sanción le corresponde, de las propuestas por la UE, para castigar el abuso de temporalidad con que ha roto la vida de miles de trabajadores en precariedad durante décadas. Las indemnizaciones que con seguridad dictarían los tribunales, o en su defecto el TJUE, llevarían a la quiebra de la Administración extremeña, por lo cual la única solución que le queda es comenzar un proceso extraordinario de estabilización de los trabajadores en abuso de temporalidad.

De no ser así, el SIP apoyará todas las movilizaciones de los trabajadores interinos y temporales, aconsejando la denuncia en los juzgados, no solo para el reconocimiento del abuso y de su fijeza estructural como empleados públicos, sino también para el procesamiento penal de todos los directivos de la Junta implicados en la prevaricación que supone haber mantenido en fraude de ley, durante décadas, a miles de trabajadores que han visto determinadas sus vidas por la precariedad de un paréntesis que nunca termina. 

POR: Sindicato Independiente Progresista