ARMHEX condena la “nula sensibilidad del PP con las víctimas del Franquismo”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), ha condenado públicamente “que un año más el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy dando muestras de su nula sensibilidad y desprecio para con las víctimas del Franquismo y sus familias, haya vuelto a eliminar de los Presupuestos Generales del Estado la partida dedicada a la Ley 52/2007 de Memoria Histórica”.

Una partida legalmente obligatoria pues está prevista en el art. 11 de la Ley 52/2007. Además Ley de la Memoria reseña expresamente que la realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos de los desaparecidos son de utilidad pública e interés social, todo ello, cuando se calcula que en España aún existen unas 2.000 fosas por abrir, parte de ellas en Extremadura.

Estos presupuestos de 2017, serán los quintos consecutivos sin reservar “un sólo euro” por parte del Gobierno del PP, desde que decidió eliminar directamente esta partida presupuestaria para estas “necesarias actividades” de las víctimas del Franquismo, “que se ven obligadas a costear las exhumaciones con la ayuda de voluntarios y donaciones o a través de asociaciones como la nuestra”.

Un año más, desde ARMHEX quieren sumar su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, especialmente a las extremeñas, “pues la desaparición forzada es una de las más graves violaciones de derechos humanos”.

Las autoridades españolas, tanto estatales como autonómicas, “tienen el deber ético y jurídico de cumplir sus compromisos con la legalidad internacional, empezado por el Gobierno Central. No se explica que el Gobierno de Rajoy incumpla flagrantemente la Ley y los compromisos internacionales, sin prestar la debida asistencia a las víctimas del Franquismo a través de estas esenciales ayudas”.

Por ello, llaman la atención y reclaman a los grupos políticos de la oposición, que arbitren las medidas oportunas en la tramitación parlamentaria, “para que tal despropósito no se consume y que se dote esta partida adecuadamente”.

LA SITUACIÓN EXTREMEÑA

“Transcurridos 80 años desde el golpe militar fascista del 36 en Extremadura, cientos de hombres y mujeres que defendieron la legalidad democrática del gobierno de la II República española, continúan enterrados en cunetas, campos, pozos, fosas comunes en cementerios, públicos y clandestinas, fincas públicas y privadas y otros lugares de nuestra región, sin que sus familiares hasta hoy hayan podido recuperar sus cuerpos para darles digna sepultura”, recuerdan.

Añaden que “todas las acciones y omisiones que fueron cometidas, ordenadas, planificadas o instigadas desde 1936 por el movimiento golpista de sublevación militar anticonstitucional, pasaron a convertirse en hechos ilícitos de España en virtud de los principios de continuidad de la personalidad del Estado y de continuidad entre el movimiento insurrecto y el nuevo gobierno violentamente instaurado”.

Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, “porque en realidad son víctimas de crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil por los golpistas y la posterior represión franquista”, y aseveran que, “reconocer esos derechos debe suponer cumplir con obligaciones internacionales que España no puede obviar por más tiempo”.

Finalizan expresando que “el Gobierno de Rajoy no puede seguir desoyendo a la sociedad civil, a las asociaciones de víctimas y a los órganos internacionales de derechos humanos. Su actitud compromete seriamente la responsabilidad internacional de España, porque es jurídicamente contraria al Derecho Internacional. Además, es políticamente inaceptable y moralmente censurable, porque es la causa directa del sufrimiento permanente de los miles de familiares de las víctimas”.