Avanza el presunto fraude a gran escala en los cursos de formación en Extremadura

El procedimiento penal sobre el presunto fraude a gran escala en los cursos de formación de Extremadura, caso similar al ocurrido en Andalucía años atrás, continúa su curso.

Corría el año 2015 cuando el Gobierno de Monago -a través del SEXPE- realizó un control exhaustivo de las subvenciones destinadas años atrás a varias entidades para los cursos de formación, observando que algunos hechos podrían ser constitutivos de delito, comunicándolo a la Fiscalía para que procediera si lo estimaba oportuno.

Poco después, la Fiscalía no solo consideró que los hechos eran ciertos, sino que ahora, una sentencia tras otra el caso se enturbia. Un caso donde se denuncia el robo masivo de subvenciones a través de los cursos de formación, calcado al acontecido en Andalucía también bajo gobierno socialista.

Hasta la fecha ha trascendido que dos juzgados han investigado o investigan a un total de 8 entidades y 25 personas relacionadas con la patronal extremeña y los sindicatos UGT y CCOO.

El propio Partido Popular de Extremadura ha anunciado que se personará como acusación popular ante este caso que afecta a la CREEX y a los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura, aunque solo podrá hacerlo en el proceso contra Comisiones Obreras por una “cuestión de tiempo”.

La sentencia (noviembre 2017) del TSJEx dice que CCOO tiene que devolver las cantidades otorgadas en concepto de subvención para cursos de formación, porque no justificaron los costes de los mismos. Es decir, hubo dinero público que no demostraron que destinaran a cursos de formación.

Igualmente una segunda sentencia (enero 2019) dice que las entidades, a través de las subcontratas con las que realizaban los cursos de formación, no justificaban los costes.

¿DE CUÁNTO DINERO ESTAMOS HABLANDO?

La presunta cantidad defraudada a la Hacienda Pública podría ascender a 3 millones de euros, de los 7 millones que fueron destinados por la Junta a estas entidades. Un dinero que debería haber ido a parar a los desempleados extremeños.

Dos son los Juzgados que se están encargando del caso: el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida.

Entre las personas y entidades inmersas en el proceso se encuentran: la CREEX, Coeba, Emilio Doncel, Nuria Lavado, Fernando Herrera, Juan Manuel Arribas, Antonio Masa Godoy, UGT (Ifes), Francisco Capilla, Lorenzo Masilla, Jacinto Cerezo, Rosa María García Vidal, Teodoro Casares, y CCOO.