CCOO: La Junta cierra otro colegio público, esta vez en Mérida

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura muestran su indignación por la decisión adoptada “de manera unilateral” por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura en relación al cierre del colegio ‘Juan XXIII’ de Mérida.

“No entendemos la decisión ni la forma en que, de nuevo, han procedido a llevar a cabo este cierre sin informar ni escuchar a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación de Extremadura”.

Critican que para la Consejería de Educación los representantes de los trabajadores ni tenemos derecho a escuchar los argumentos de la Administración que llevan a tomar esta decisión y, mucho menos, a opinar sobre la misma ni sugerir soluciones alternativas. “Lamentamos que esta dinámica de menosprecio a la negociación colectiva venga siendo la tónica habitual del equipo de dicha Consejería”.

La decisión de cierre comunicada hoy contradice la información que les había facilitado el Secretario General de Educación en la mesa de negociación de las plantillas orgánicas para el curso 2022-23, que tuvo lugar a finales de enero, en la que este sindicato preguntó expresamente al respecto de posibles cierres, habiendo negado este extremo la Administración, asegurándoles que no había intención de cerrar ningún centro.

OTROS CIERRES

El cierre del ‘Juan XXIII’ viene a sumarse a los del CEIP ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ de Conquista del Guadiana y el CEIP ‘El Cristo’ de Villanueva de la Serena. También al anuncio de no apertura de un centro de nueva construcción proyectado en Almendralejo que finalmente fue sustituido por el traslado de uno de los colegios públicos de la zona centro, el ‘Ortega y Gasset’, al extrarradio.

En todos los casos estas decisiones fueron adoptadas “a espaldas” de las organizaciones sindicales y comunicadas en el “último momento” a la comunidad educativa. En opinión del sindicato algo está fallando en la red de centros educativos, en las zonas de escolarización y en la gestión de recursos públicos y de atención a la diversidad, cuando la única solución que encuentra la administración educativa es el cierre de centros educativos públicos.

En el ‘Juan XXIII’ hay 9 docentes el curso actual, 7 de ellos con destino definitivo que, según la Administración, podrán ubicarse bajo las normas legales, es decir, con la condición de suprimidos, en la ciudad de Mérida en otros centros si así lo deciden. Al tomar la decisión de cierre en este momento del curso, se ha privado al personal docente afectado de participar en el concurso de traslados para conseguir otro destino, al haber finalizado el plazo.

Además, es un centro con 39 alumnos que “podrán matricularse en el colegio de Mérida que así lo deseen”, según palabras del Secretario General de Educación. Pero la ubicación del ‘Juan XXIII’ va a condicionar la elección de las familias afectadas del nuevo centro para el próximo curso. Recordamos que este colegio público se encuentra en una zona de escolarización junto a tres colegios privado-concertados y otros tres colegios públicos.

“La ubicación de estos centros nos genera serias dudas sobre que la solución propuesta propicie la “igualdad de oportunidades” y el “principio de integración” que alega la Administración. Situados a un lado de la N-630 (Avda. de Felipe VI) se encuentra el CEIP ‘Juan XXIII’ y dos de los centros concertados a aproximadamente 1000 m de este, con 410 y 160 alumnos/as respectivamente en etapas de infantil y primaria. Al otro lado de la N-630 se encuentran los otros tres colegios públicos, el CEIP ‘Antonio Machado’, que es el más cercano, a 1 km, el colegio bilingüe CEIP ‘Ciudad de Mérida’, el CEIP Miguel de Cervantes a más de 3 Km, con lo que el alumnado requeriría transporte escolar para desplazarse a estos y el concertado-privado restante, con 112 alumnos/as. No entendemos por qué debe cerrarse un colegio público cuando en estos centros privado-concertados se mantienen los conciertos educativos.

Los alumnos del ‘Juan XXIII’ ya estaban recibiendo una atención educativa adecuada, por parte del equipo educativo del centro y no entendemos el argumento de que "no se garantiza la igualdad de oportunidades" de sus estudiantes porque son "especialmente vulnerables", ya que al pasar a otros centros con grupos más numerosos la atención educativa no va a mejorar y no se va a garantizar mejor su “éxito educativo”.

Esperan que, si finalmente el alumnado de este centro, como se prevé, es derivado al CEIP Antonio Machado, centro de atención educativa preferente, se dote a este de todo el personal necesario desde el inicio de curso.

“Este nuevo ataque a la escuela pública es una prueba de que no se está dando la importancia suficiente a la atención a la diversidad. Recordamos que este colegio no está calificado como centro de atención educativa preferente y que, probablemente, de haberlo dotado de los recursos suficientes hubiera cambiado su suerte”.

Desde CCOO consideran urgente una revisión de los centros CAEP de nuestra región y la incorporación de la figura del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad en la plantilla orgánica de los mismos, no estar supeditada a programas que lo único que generan es inestabilidad laboral en el profesorado y en las familias que estos atienden.

El cierre de un colegio público afecta negativamente no solo a la comunidad educativa de la zona sino también al barrio, con el que se estaba colaborando en proyectos educativos que ahora quedan en suspenso. “Creemos que privar a una ciudad de un centro escolar por una mala gestión de la Administración es la peor de las decisiones”.