De Miguel critica la aplicación “injusta y desproporcionada” de la tasa de basuras en Badajoz

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha enjuiciado la gestión de la nueva tasa de basuras en la región, acusando a la Junta de Extremadura de no implementar medidas para mitigar su impacto en la ciudadanía y señalando la aplicación "injusta y desproporcionada" de la tasa por parte del Ayuntamiento de Badajoz.

Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, De Miguel instó al director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, a tomar acciones para paliar el incremento de los costes del servicio de recogida de residuos y a mejorar la gestión y el reciclaje en Extremadura, criticando que estos no sean objetivos prioritarios del Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX).

Aplicación en Badajoz

De Miguel denunció específicamente el modelo de cálculo adoptado por el Ayuntamiento de Badajoz. Según la portavoz de ‘Unidas por Extremadura’, la tasa se basa en una parte fija anual de 61,44 euros, más una variable dependiente de los metros cuadrados de la vivienda. Este sistema argumenta De Miguel, "vulnera el principio de 'quien contamina paga'", ya que no existe una relación directa entre el tamaño de una vivienda y la cantidad de residuos que genera.

Además, criticó que, si bien el Ayuntamiento pacense bonifica a las familias numerosas, no considera a las familias en riesgo de exclusión social ni el nivel de renta, calificando la medida de "sumamente regresiva".

Responsabilidad de la Junta y propuestas

La portavoz de Unidas por Extremadura sostiene que la Junta "sí podría haber tomado medidas" para suavizar el impacto del "basurazo". Propuso que podría haber financiado a los municipios con fondos propios o europeos para evitar trasladar toda la subida a los ciudadanos. "Me parece injusto que siempre recaiga en los consumidores", afirmó, señalando la dificultad de evitar el plástico en las compras y sugiriendo penalizar a fabricantes y supermercados que abusan del plástico o no ofrecen alternativas.

De Miguel abogó por sistemas de pago más personalizados, basados en la cantidad de residuos generados y que premien el reciclaje, como el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) implementado en otros países con tasas de reciclado superiores. Instó a la Junta a incentivar a los municipios que mejoren sus tasas de reciclaje y digitalicen sus sistemas, y a crear un fondo autonómico de compensación social para ayudar a las familias más vulnerables frente a "políticas clasistas, injustas y aporofóbicas como las del Ayuntamiento de Badajoz".

Finalmente, recordó que la ley que regula esta tasa es una transposición de normativas europeas aprobadas en un parlamento con mayoría del Partido Popular, contradiciendo lo que ella percibe como un "negacionismo hacia todo lo que sea un avance hacia normativas ambientales" por parte de algunos miembros de la Junta.