El 25% de los funcionarios de la Junta se habrán jubilado antes de 2030

La Junta de Extremadura ha anunciado un ambicioso plan de reforma en su sistema de Función Pública, anticipándose a la jubilación masiva de aproximadamente 15.000 empleados públicos antes de 2030, lo que representa el 25% del total de la plantilla. Este desafío será abordado a través de una nueva Ley de Función Pública, para cuya elaboración se contará con la opinión de un selecto grupo de expertos.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado la importancia de esta iniciativa, subrayando que la normativa actual, vigente desde 2015, necesita una actualización urgente. Manzano señala que muchos reglamentos que rigen aspectos clave de la función pública datan de la década de los 90, lo que evidencia la necesidad de adaptarse a un contexto tecnológico, académico y laboral actualizado.

La nueva Ley de Función Pública abordará aspectos como los procesos de selección, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la carrera profesional. Este proyecto legislativo se reflejará en un informe elaborado por una comisión de expertos compuesto por destacados juristas como Carmen Bravo Díaz, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura especializada en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; el abogado del Estado Juan José Torres Ventosa; y Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura.

El objetivo de esta preocupación es que la nueva ley esté aprobada antes de que finalice la presente legislatura. Para ello, la consejera aboga por estar “preparados” para asegurar una transición fluida de conocimientos entre los salientes y los nuevos empleados.

Se busca además reestructurar el sistema de clasificación y ordenación del personal, adaptándolo a las necesidades del mercado laboral actual.