Empleados públicos temporales exigen fijeza y sanciones "ante el abuso de la Administración"

Los trabajadores temporales de la Administración se manifestarán el próximo jueves, 14 de enero, para denunciar su situación ante las Delegaciones del Gobierno de 40 ciudades de toda España tras más de 20 años de problemática y exigir la fijeza.

Dichos empleados públicos fueron contratados -sin haber accedido por oposiciones- para cubrir necesidades “que no son provisionales ni urgentes”, sino permanentes y estables, lo que según afirman constituye un abuso de la contratación temporal, prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento, la Directiva 1999/70/CE.

Esta dice que una contratación que sobrepase los tres años debe ser indefinida, y “esto en la empresa privada está asumido, pero en lo público no”, explica Baltasar Mateos, presidente de la Asociación Apronfis, a 7Días.

Los afectados son unos 900.000 entre todas las Administraciones como Sanidad, Educación o Justicia: “Algunos llevamos hasta 10 o 20 años y es una injusticia que se sigue dando en nuestro país”.

En un comunicado emitido, indican que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir el abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador; bien a través de indemnizaciones disuasorias o estabilizando en el empleo a las víctimas del abuso.

La ministra de Función Pública, Carolina Darias, así como su secretario de Estado, Francisco Hernández Spínola, han informado en comparecencias y medios de comunicación que es necesario terminar con esta situación, sin embargo, pretenden hacerlo por una parte, reformando el artículo 10 del EBEP (el que se ha venido incumpliendo por la administración sin consecuencias) para evitar abusos en el futuro; y por otra, mediante ofertas de empleo de estabilización de plazas, “no de personas”, confundiendo los sistemas de acceso a una administración de la que -insisten- “ya formamos parte, con la estabilización en el empleo como sanción al abuso cometido por la administración”.

Así, el Gobierno se escuda en que estos no accedieron por los principios de igualdad, mérito y capacidad a través de un proceso de oposición. “Muchos de nosotros accedimos por una convocatoria que se hizo en su momento abierta y pública, cumpliéndose esos principios en los que se apoyan. Lo que ocurre es que en un primer momento iba a ser un contrato de un año que luego se prorrogó durante muchos más y al final llevamos 15 o 20 años”, expone Mateos en declaraciones a este medio.

En este sentido, tendrían que opositar de nuevo tras más de una década ejerciendo para poder adquirir su plaza fija.

Para la plataforma de Trabajadores Temporales Públicos estas contrataciones suponen un abuso que no está siendo sancionado como debería. “Mientras el gobierno sigue estudiando cómo resolver esta situación, creada por las propias Administraciones, se van sucediendo los ceses de personal, con las consiguientes demandas, denuncias y movilizaciones sociales como las concentraciones frente a las subdelegaciones, o la huelga de médicos y de otros sectores públicos en Canarias, que apoyamos desde la península y a la que pronto se sumarán las de las trabajadoras y trabajadores públicos en abuso de toda España, si el gobierno no propone una solución acorde con la Directiva”, sostienen.

Este escenario afecta en Extremadura a unas 30.000 personas, y “estamos hablando no solo de auxiliares administrativos o celadores, sino de médicos especialistas que ahora están afrontando la crisis del covid o cirujanos, por ejemplo”, trabajos que no son circunstanciales. Además, esto perjudica a mujeres con una media de 50 años “sin opción a incorporarse al mercado laboral" si son cesadas. 

La Comisión Europea sigue vigilante para decidir si demanda al Reino de España por incumplimiento, manteniendo abiertos varios expedientes de infracción por este motivo. “Si en el Sector Público no se pone en marcha un control de legalidad, inspecciones o auditorías contra el fraude y el abuso en las administraciones, similares a las adoptadas en el ámbito privado, nunca se pondrá fin a la temporalidad abusiva”, apostillan.

La Asociación Apronfis que preside Baltasar Mateos (Asociación de Profesionales No Fijos del SEXPE) reúne a unas 200 personas y estará presente mañana en la manifestación en la avenida de Huelva de Badajoz entre las 12:00 y las 12:30 horas, donde se pedirá de igual modo que se ponga fin al despido libre y gratuito.