Los antiguos concesionarios piden a Osuna que responda a sus recursos

Los concesionarios desalojados de los quioscos de la plaza de España el pasado 9 de enero han exigido al ayuntamiento que dé respuesta a los recursos pendientes contra dicha medida y que aún no han sido contestados.

En concreto se refieren a la acción de nulidad y alegaciones complementarias al desalojo, presentadas respectivamente los días 4 y 5 de enero.

Los concesionarios indican que, pese a sacar notas de prensa y hacer manifestaciones públicas, la realidad a día de hoy es que “no se nos ha contestado por la vía oficial, esto es, con un escrito argumentado diciendo si rechazan o aceptan los recursos tal y como marca la ley”. “No se puede presumir tanto de transparencia y luego ni siquiera responder cuando la ley se lo exige”, argumentan.

Asimismo, hacen constar que “el propio ayuntamiento incurre en una contradicción al ordenar el desalojo”. Aseguran que esto es así porque el 19 de diciembre el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna “firmó un decreto en el que reconocía que los concesionarios tenían ‘título habilitante’ para permanecer en los quioscos hasta tanto hubiese una resolución definitiva de la nueva adjudicación”.

“Este título sigue hoy día en vigor, y pese a ello se ordenó el desalojo, lo que supone un abuso a todas luces”, explican. Se basan en que el grupo municipal de IU presentó el 26 de octubre un recurso de reposición pidiendo la suspensión del procedimiento de adjudicación.

Según la ley, esta solicitud de suspensión debe ser respondida en un mes o se consideraría aceptada la petición de suspensión por silencio administrativo. Sin embargo, el ayuntamiento no contesta hasta el 28 de diciembre, lo que supone dos meses después, manifiestan en nota de prensa.

Al responder fuera de plazo la decisión “no es legal”, aseguran, y por tanto indican que “el procedimiento estaría suspendido desde que cumplió el plazo legal, el 26 de noviembre, de manera que todo lo ocurrido desde entonces -propuesta de adjudicación provisional de 30 de diciembre y adjudicación definitiva el 19 de diciembre- debe ser considerado inválido”, consideran.

‘DAÑO A LOS EMERITENSES’

Según explica Alberto Delgado, representante de los concesionarios, “la falta de respuesta en tiempo y forma al recurso de IU y la falta de respuesta a los recursos de los concesionarios invalidan cualquier acción”.

Por ello han reclamado al ayuntamiento que retrotraiga las actuaciones “al momento legal en que debieron ser suspendidas”, ya que de lo contrario “se podría estar causando un daño que repercutiría finalmente en todos los emeritenses, así como a quienes concurrieron al concurso, puesto que incurrirían en unos gastos para una obra que los juzgados podrían declarar no ajustada a derecho”, ha concluido el abogado.