Los empresarios de los quioscos se niegan a abandonarlos

Los empresarios que actualmente gestionan los quioscos de la Plaza de España presentaron ayer ante el Ayuntamiento una acción de nulidad, en la que se advierte a los responsables municipales que de seguir adelante con el desalojo “podrían estar incurriendo un presunto delito de prevaricación, al haberse incumplido preceptos del procedimiento legal administrativo”.

Pero el alcalde de Mérida asegura que el desalojo que está previsto para el próximo lunes 9 de enero, “es totalmente legal”. Además recuerda que el contrato está adjudicado desde hace varias semanas por lo que espera que los quiosqueros atiendan a la ley y desalojen los quioscos cuando se ha previsto.

Los actuales quiosqueros insisten en que este desalojo rozaría la ilegalidad. Explican así que el pasado 18 de octubre “se notifica por el ayuntamiento a los concesionarios la orden de desalojo y al día siguiente se aprueba el expediente de licitación de los nuevos contratos”.

Sin embargo, según han explicado mediante una nota de prensa, “la ley dice que previamente habría que iniciar y resolver un procedimiento para declarar la caducidad del ‘título habilitante’ es decir, el documento que otorgaría a los concesionarios el derecho de estar en los quioscos”. “Esto no se hace, ni tampoco se da audiencia a los concesionarios como marca la ley. Solo por esto, lo hecho después ya sería nulo”, indican.

Los actuales quiosqueros están indignados con la situación, y recuerdan que actualmente hay tres procedimientos contenciosos abiertos en el juzgado, dos presentados por los concesionarios y uno por uno de los licitadores, este último al considerar que se ha vulnerado el pliego, porque estaba prohibido que una misma persona pujase por más de un quiosco.

Además, les llama la atención la “prisa” del Ayuntamiento por tirar los quioscos cuando hay recursos vivos en los tribunales y en el propio ayuntamiento. “¿No quiere esperar porque sabe que las resoluciones irán contra sus propósitos? ¿Qué pasará entonces, otro caso ‘Huertas de Plasencia’ en el que habrá que pagar indemnizaciones con dinero público?”, indican en una nota de prensa.

Consideran que cambiar los quioscos no es una obra de emergencia y aseguran que en mayo de 2016 los concesionarios pidieron reunirse con el alcalde para dar una salida a este tema, y a día de hoy “no se les ha contestado”.