OPINIÓN: Qué les importa Cáceres a los de la minería a cielo abierto

Algunos territorios estamos siendo invadidos por la minería a cielo abierto. Y da la casualidad que estos territorios son los más despoblados, los que sucumben al discurso del paleo de millones y los miles de puestos de trabajo; estos en los que las administraciones muestran su rapidez administrativa para los grandes promotores, al tiempo que aplican la burocracia más desesperante con los pequeños o medianos proyectos, los que no prometen la luna. Hacen la vista gorda y se saltan trámites esenciales y de obligado cumplimiento para que puedan acceder los afectados y los ciudadanos, y, cuando se dan cuentan, están metidos en una nueva “isla de Valdecañas” sin haber salido todavía de un escándalo que no saben cómo resolver. En medio de todo, ello una legión de necios, con algunos  académicos y expertos por el medio, arremeten contra los ecologistas y el exceso de protección ambiental existentes, y se quedan tan panchos. Todo ello sucede porque a los responsables del desaguisado de Valdecañas les ha salido gratis la historia de ilegalidades que se ha producido en una actuación tan irresponsable como fraudulenta.

A mí este tema me trae recuerdos de hace medio siglo, cuando el uranio era un mineral estratégico que iba a cambiar el mundo. Las explotaciones mineras tenían menos papeles que una liebre; siempre había un gobernador civil que daba el visto bueno a lo que hiciera falta y, si algunos ciudadanos le exigían el cumplimiento de la legalidad, se les ponía una buena multa para que dejaran de protestar. Por supuesto, aquellos promotores de “proyectos estratégicos” no se molestaban ni siquiera en dotar de un dosímetro para medir la radiactividad que recibían los trabajadores, y los trenes permanecían horas y días en la estación de Magacela, hasta que salían con destinos a otras instalaciones.

Ahora la película se repite,  con aspectos muy parecidos a pesar del medio siglo transcurrido: una multinacional tiene localizado el mineral, pero no le importa dónde se encuentra; se entiende con una empresa española de cierto nivel para “torear" los temas con la ddministración central, y aparece un tercer interlocutor como “empresita fantasma” en la zona de actuación para “allanar el camino" con la administración autonómica. Primero, se saltan los trámites e inician las actuaciones de “investigación” sin completar los trámites, sin estudio de impacto y sin facilitar la información exigida por la Unión Europea. Luego, inflan los datos de la enorme inversión que van a realizar y de la gran cantidad de empleo que van a crear. Y, en medio de todo ello, empiezan a “engrasar” a algunos medios de comunicación y a algunas terminales administrativas para empezar a cambiar la posición de la opinión pública. El resto ya se lo pueden imaginar. Es cierto que ya hay una cosa nueva: los afectados han aprendido a luchar contra estos “poderes ocultos” y ahora se movilizan con  datos, con información y con manifestaciones que sorprenden a los promotores, a las administraciones (en las que tienen cómplices), a los medios de comunicación y a la opinión pública.

De todas formas, cuando hay miles de millones de euros por medio, les tiemblan las piernas a más de uno y nadie sabe cómo puede acabar la película.