Critican un trato desigual a Extremadura en las indemnizaciones por la campaña de la cereza

Desde UPA-UCE Extremadura consideran “inaceptable y rechazan con rotundidad la decisión de Enesa y Agroseguro, frente a lo planteado por todo el sector y la administración regional”.

La decisión de ambos se centra en “no reconocer la excepcionalidad de los daños producidos por las lluvias torrenciales en esta campaña de la cereza en Extremadura, penalizando así a los agricultores que venían asegurando”.

“Si se utiliza este año de referencia, los productores de cereza extremeños tendrán una reducción muy importante de las posibles indemnizaciones en los próximos años”, lamenta el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

CRITICAN TRATO DESIGUAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

“Aplicar una excepcionalidad esta campaña tiene como precedente la decisión que se adoptó para Cataluña y Aragón por un problema de helada en frutales que sufrieron en el 2022”. Por esta razón, desde UPA-UCE no entienden la decisión de Enesa y Agroseguro a la hora de no aceptar la problemática surgida en Extremadura en este cultivo.

“La cereza sufrió lluvias torrenciales con carácter general durante más de un mes y su excepcionalidad está reconocida, tanto por el Ministerio de Agricultura como por la Junta de Extremadura. Ambas administraciones han establecido medidas de apoyo extraordinarias por la situación excepcional que han vivido los cereceros extremeños”, explica Huertas.

Ante lo que consideran una injusticia, desde UPA-UCE Extremadura instan a la administración regional para que intervenga “al máximo nivel”, haciendo valer el importante apoyo económico que la Junta otorga a los seguros agrarios, y no permita que se cometa “esta injusticia”. Injusticia, que, añaden propiciará que “se va a expulsar a una parte importante de los agricultores que venían realizando este seguro, lo que dificultará también el crecimiento del mismo”.

La organización ha manifestado que estudiarán “la legalidad del nuevo sistema de penalización de este seguro ya que pretende penalizar a los agricultores en base a datos de los seis últimos años, cuando esta línea solo lleva cinco funcionando”.