Una vecina de Zafra investigada por tener 10 perros en pésimas condiciones

La Guardia Civil ha instruido diligencias a una vecina del municipio pacense de Zafra, como presunta autora de un delito de maltrato animal.

Dentro de la campaña #YoSiPuedoContarlo desarrollada para prevenir el maltrato y el abandono animal, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección y bienestar de los animales de compañía y denunciar las conductas de las que tuviesen conocimiento, el SEPRONA de la Guardia Civil de Hornachos pudo saber que en el paraje 'Los Hoyuelos' dentro del término municipal de Zafra, se encontraban perros en condiciones deplorables de salubridad.

Tras las gestiones practicadas, el pasado martes ubicaron el terrero que albergaba un total de diez perros: cuatro galgas y un mastín adultos, así como cinco cachorros.

Estos animales se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, carentes de las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de bienestar animal.

En la inspección, los agentes pudieron comprobar que alguno de ellos carecía de microchip y documentación sanitaria.

Una vez fueron examinados por los veterinarios de la zona zafrense, estos certificaron que dos de ellos presentaban “caquexia” con evidentes síntomas de desnutrición y extrema delgadez y abandono.

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Con las pruebas incriminatorias identificaron a la propietaria de los animales, una vecina de Zafra a la que han instruido diligencias por un supuesto delito de maltrato animal por la omisión en la debida atención y cuidado de sus perros, así como por la desnutrición y absoluta falta de salud e higiene de los animales, remitiéndolas al Juzgado de Instrucción de Zafra.

Este delito está contemplado en el art. 337 del vigente Código Penal, por el que se enfrenta a penas de prisión de hasta un año e inhabilitación de hasta tres para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales. Pudiendo agravarse la pena por la muerte de los animales, hasta 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación.

La responsable también ha sido denunciada por diferentes infracciones administrativas que se han remitido al organismo competente.