"Vara ha aumentado la inversión en sanidad privada de 59,7 a 103 M€ esta legislatura"

Extremadura por la Sanidad Pública ha calificado de “negativa para la sanidad pública la legislatura del gobierno del PSOE al frente de la Junta de Extremadura”. La plataforma ha querido de esta forma evaluar su legislatura al frente de la Junta, denunciando que “el PSOE extremeño ha aumentado sustancialmente el dinero público que deriva a la sanidad privada en la región, pasando de invertir 59,7 millones de euros en 2019, al comienzo de la legislatura, hasta los 103 millones que ha invertido este 2022, al final de su legislatura, según los datos oficiales”.

De esta forma, denuncian que el PSOE “con esta política neoliberal, que ve la sanidad no como un derecho, sino como un negocio, está beneficiando cada vez más a empresas privadas sanitarias que solo buscan el beneficio económico y, por el contrario, ha continuado con su política de deterioro y privatización de la sanidad pública extremeña”, haciendo especial hincapié en “el último servicio a las empresas privadas que parasitan la sanidad pública que ha hecho el PSOE extremeño antes de abandonar la Junta de Extremadura: adjudicarle 66,8 millones de euros para externalizar operaciones los próximos dos años, contratando a 30 clínicas privadas para ello, en lugar de apostar por aumentar y mejorar los recursos para este fin en la sanidad pública”.

Además, añaden que esta política supone “hipotecar el comienzo de la siguiente legislatura, algo indigno, ya que el gobierno regional entrante, independientemente del color que sea, se va a encontrar con que está privatizada una parte de la sanidad extremeña, con contratos para dos años, lo que supone la mitad de la legislatura. A esto se suma que en el mes de marzo el gobierno del PSOE inyectaba, por un lado, 94 millones de euros más en la privada para derivar pacientes, de los que más de 70 millones irán a parar a la externalización del servicio de hemodiálisis, que han contratado hasta 2028, con lo que supone que el 74% de los enfermos irán a la privada, cuando, además, días antes, había de nuevo dado 28 millones de euros a la privada para derivar pruebas diagnósticas e intervenciones no terapéuticas. Un desembolso total en el mes de marzo de 122 millones de euros de dinero público, que va a ir a parar a la sanidad privada en varios años”.

En cuanto a estas derivaciones a la privada, Extremadura por la Sanidad Pública denuncia que, según los últimos datos oficiales del SES, que datan del año 2021, “el PSOE apostara, por ejemplo, por invertir lo mismo en centros públicos de hemodiálisis (12 millones) que en conciertos a centros privados”. En este sentido, pone como ejemplo al Gobierno de Aragón esta última legislatura, “quien redujo el gasto privado en este sentido, de 5,5 millones de euros en 2019 hasta los 3,6 de la actualidad, debido a que ha inaugurado servicios públicos en sus centros públicos, demostrando de esta forma que, cuando hay voluntad política de apostar por la sanidad pública en lugar de por la privada, se pueden llevar a cabo políticas de recuperación de servicios públicos sanitarios”.

AMBULANCIAS

Extremadura por la Sanidad Pública denuncia que este año el gobierno de Fernández Vara haya destinado 47,5 millones de euros para “continuar con el servicio de ambulancias privatizado", y se muestran preocupados porque “el PSOE haya apostado por el modelo privado frente al público y haya invertido esta ingente cantidad de millones de euros en beneficiar a empresas privadas cuando podría haber creado un servicio de ambulancias público de calidad".

DERECHO AL ABORTO EN LA REGIÓN

Por último, desde Extremadura por la Sanidad Pública denuncian que “el Gobierno de Fernández Vara no ha garantizado durante esta legislatura el derecho al aborto de las mujeres extremeñas en centros públicos, ya que las ha derivado a centros privados de otras comunidades autónomas”.

Concretamente, señalan que “solo en 2022, la Junta derivó a 1.096 mujeres a clínicas privadas, cuando recientemente el Tribunal Constitucional, en una sentencia publicada hace unos días, era tajante al sentenciar que derivar a clínicas privadas a las mujeres para abortar es una práctica que vulnera sus derechos fundamentales. El fallo establece que deben ser atendidas siempre, salvo en circunstancias muy excepcionales como «por una objeción de conciencia generalizada», en los centros públicos”.

Por ello, a la plataforma le preocupa “la falta de voluntad política que ha tenido el PSOE en la región para garantizar este derecho fundamental de las mujeres en Extremadura”.