VOX solicita derogar estas políticas: "Tienen graves consecuencias para el sector primario"

El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Extremeña ha presentado una Propuesta de Pronunciamiento para denunciar ante el Gobierno de España y las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y “sus graves consecuencias en la economía española”, en especial para el sector primario. Además de promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.

Esta iniciativa parlamentaria también exige tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra soberanía alimentaria en el marco de las competencias autonómicas, la eliminación de la competencia desleal, el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria y la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países. Todo ello para suspender, inmediatamente, aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan con las exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores.

El portavoz del GP VOX en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha afirmado que “el sector primario es sin duda uno de los más perjudicados por la agenda verde, impuesta por burócratas de Bruselas y asumida por los sucesivos gobiernos de España. El Pacto Verde Europeo es el conjunto de medidas legales, políticas, económicas y financieras mediante las que, desde las instituciones de la Unión Europea, se están transformando las economías de los estados miembros con el fin de adaptarlas a una serie de objetivos climáticos. El más importante de ellos: alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050”.

“Esta estrategia ha sido elaborada de espaldas a los españoles y para su desarrollo se han elaborado multitud de normas que recogen exigencias e imposiciones para nuestros productores que han lastrado la economía y la viabilidad de nuestro sector primario. Entre ellas destacan la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad 2030, que cada día sufren nuestros agricultores y ganaderos”, ha añadido.

Mediante esta propuesta, VOX solicita que se favorezca una verdadera conservación del medio natural que respete la actividad de nuestro sector primario. Así como apoyar las legítimas protestas y reivindicaciones populares del mundo rural que exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas.

Estas normas han sido aprobadas por personas “a las que no les importa en absoluto la soberanía alimentaria de nuestras naciones, la prosperidad de nuestra gente y la pervivencia del mundo rural”, ha afirmado VOX a la par que ha denunciado que “han pretendido desmontar nuestro sector primario y hacernos cada vez más dependientes del extranjero, dejando en manos de otras naciones el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo. Las agendas ideológicas, en ningún caso, pueden estar por encima del bienestar de los españoles”.

Las restricciones en el uso de insumos agrícolas tradicionales, fertilizantes, antimicrobianos y pesticidas en toda la Unión Europea “están provocando una reducción de nuestra producción y competitividad en los mercados de exportación. Esto tiene ya consecuencias directas en nuestra vida diaria como vemos en supermercados, con unos precios cada vez más elevados e inasequibles para familias y trabajadores y, en el mundo rural, asfixiado, necesitado de agua y cada vez más despoblado”.

“La aplicación de toda esta normativa europea es especialmente gravosa en nuestra región, con una estructura agraria basada en el minifundio y en la que predomina la agricultura a tiempo parcial. Esta peculiaridad tan nuestra, y que ni la PAC ni el Gobierno de España han querido contemplar en el desarrollo reglamentario, ha supuesto que, en los últimos años, más del 50% de nuestros agricultores y ganaderos dejen de recibir ayudas europeas”, han manifestado.

La última actualización de la Política Agraria Común (PAC) destina el 40% de su presupuesto a objetivos ambientales y no es la más propicia para respaldar al sector en un contexto de emergencia económica como la actual. Esta medida ya ha generado efectos adversos en el periodo de octubre a diciembre de 2023, con una disminución de 580 millones de euros en las ayudas directas para el campo español, en comparación con el mismo periodo del año anterior.