Denuncian el “calamitoso estado” de los arroyos de Almendralejo

El pasado 12 de febrero la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo remitió al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil un escrito-denuncia en el cual ponían en su conocimiento el estado de los arroyos Las Picadas y Harnina, debido a los vertidos ilegales que se han producido durante años a sus cauces.

La asociación lleva más de una década denunciando los continuos vertidos de aguas residuales e industriales al cauce de los arroyos a su paso por la ciudad de Almendralejo, sin embargo, y a pesar de hacerse público a través de medios de comunicación y redes sociales, con fotografías adjuntas del nefasto estado que cualquier ciudadano puede comprobar, ninguna administración ha tomado alguna medida efectiva para corregirlo o evitar que se sigan produciendo.

El trabajo de la Plataforma durante este tiempo lo califican de “riguroso y continuo”, habiendo iniciado varios expedientes para tratar de resolver el problema, sin éxito a la vista de los resultados.

Como ejemplo hacen referencia al caso que se inicia el 27 de julio de 2015 con la solicitud de información al Ayuntamiento de Almendralejo. Como es habitual, esta solicitud no tuvo respuesta, incumpliendo así el ayuntamiento la obligación legal de responder a estas solicitudes.

Ante este incumplimiento, la asociación se dirigió al Defensor del Pueblo solicitando su intervención ante la “clara infracción” del ayuntamiento. La queja fue aceptada el 1 de diciembre de 2015.

Tampoco lo tuvo fácil el Comisionado de las Cortes Generales, que en un escrito comunica a la Plataforma con fecha 27 de noviembre de 2018 “… no da [el ayuntamiento] respuesta con el suficiente nivel de detalle a las cuestiones suscitadas por el Defensor del Pueblo” y añade “pese al tiempo transcurrido (casi dos años) desde que se solicitó el nuevo informe”.

El nivel de desconfianza en la información que le remite el ayuntamiento es tal que afirma “esta institución ha tenido conocimiento por diferentes medios de comunicación que en el año 2018 la situación del arroyo Las Picadas ha vuelto a ser insalubre por presuntos vertidos irregulares, que han generado malos olores y proliferación de plagas”, “la solución del problema de los vertidos irregulares en el arroyo de Las Picadas es urgente …, entre otras cosas, porque los derechos y la salud de los vecinos de la zona pueden verse afectados a diario por la falta de depuración de las aguas, las molestias por malos olores y la afección al ecosistema acuático”.

El Defensor del Pueblo termina el escrito haciéndole al ayuntamiento la SUGERENCIA:

“Inspeccionar el arroyo de las Picadas para requerir la adopción de las medias precisas si se producen vertidos irregulares y el abandono de basura en inmediaciones, con el fin de evitar estas situaciones y sancionar a los presuntos responsables.”.

Con fecha 3 de noviembre de 2020, (más de 5 años después de iniciado el procedimiento) el Defensor del Pueblo informa a la asociación “Además, informa [el ayuntamiento] que acepta la SUGERENCIA que desde la institución se hace y se ha comunicado a la concesionaria que se estudiará de forma conjunta que se revise semanalmente el arroyo …”.

El Defensor del Pueblo vuelve a quejarse en este documento “... se lamenta que haya tenido que transcurrir un amplio lapso de tiempo hasta su aceptación y la adopción de medidas” y añade “por tanto, se ha considerado oportuno indicar a la Administración municipal que, por un parte, es necesario que se mantenga un plan periódico de inspecciones a la zona afectada para evitar vertidos y/o el abandono de residuos en el arroyo de Las Picadas, así como se sancionen a los presuntos responsables de incumplir la normativa ambiental, conforme a lo previsto en la Ley 11/2011 de Residuos (artículos 12.5.b y c, 43, 45.1, 46 y 49.1) y en el Reglamento Municipal de Vertidos y Depuración de Aguas Residuales (artículos 3, 17.2, 29.2, 31, 33 y 34)”

“Y, por otro lado, que se promueva un sistema que agilice la comunicación de irregularidades o problemas detectados en la red de saneamiento o en el arroyo de Las Picadas para que el ayuntamiento o la concesionaria puedan actuar con mayor celeridad y eficacia para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.”

“Vemos pues, que los vertidos al arroyo Las Picadas se vienen produciendo de forma continuada, al menos durante ocho años sin que se haya tomado ninguna medida para corregirlos, a pesar de que el ayuntamiento se había comprometido a hacerlo. Es evidente que la afección al ecosistema acuático, cómo afirmaba el Defensor del Pueblo, ha tenido que ser muy significativa. Sobre todo, teniendo en cuenta la mala situación en la que se encuentra el acuífero Tierra de Barros”.

La asociación considera que estamos ante un probable caso que podría estar contemplado en el Código Penal. “Es por ello que, una vez que se difunda esta nota, consideramos que la fiscalía debería iniciar las pesquisas necesarias para dirimir las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir por acción u omisión los que tienen la obligación legal de actuar”.