"Lo estamos pasando muy mal, es una injusticia, necesitamos una solución rápida"

Este jueves se concentraban frente a las puertas de la Asamblea de Extremadura los trabajadores y trabajadoras de la Residencia de Santiago de Alcántara (Cáceres) para exigir el cobro de las nóminas pendientes desde hace varios meses por parte de la empresa ALIGEX, como ya informó la pasada jornada 7Días.

El secretario de Acción Sindical de USO, Juan Antonio García, ha explicado a 7Días que actualmente se les deben cuatro mensualidades, pero que el problema se viene arrastrando desde hace años. “Esto es un ajuste de cuentas político. El SEPAD (Junta-PSOE) tiene contratadas 20 plazas para ancianos dependientes en la Residencia ‘El Péndere’ por las que debería estar abonando una subvención de 222.000 euros anuales”, revela.

En el ejercicio de 2020, asegura el secretario, no se le ha abonado esa subvención al Ayuntamiento. El mismo se escuda en eso para no abonar la facturación a la empresa ALIGEX y esta a su vez acude a esa excusa para no pagar a las trabajadoras. Cabe destacar que la residencia es de titularidad municipal, si bien el Gobierno municipal tiene contratada la gestión de la misma con la empresa privada mencionada.

“Nos encontramos en un círculo vicioso donde finalmente los que acaban mal son los abuelos y abuelas que ven cómo las trabajadoras están empezando a rescindir sus contratos” debido al triste escenario que les ha tocado vivir. Desde USO dejan claro que no se manifiestan para pedir nada, sino para “exigir el derecho a trabajar y percibir un salario digno para mantener las necesidades del trabajador y sus familias”.

USO sostiene que “deberán explicar por qué la promesa que hizo en septiembre Vicente Granado –director del SEPAD- diciendo que el dinero ya estaba en intervención y se iba a liberar no ha terminado de cumplirse”.

“Lo estamos pasando muy mal, es una injusticia”

“Lo estamos pasando muy mal”, declara a este medio Mariángeles, trabajadora de la residencia. “Otra compañera y yo estamos de baja por un cuadro de ansiedad. Llevamos mucho tiempo fatal, necesitamos una solución rápida porque tenemos gastos que pagar, alquiler, hipoteca, niños, etc”, denuncia.

En su caso particular, el suyo es el único ingreso de la casa con el que tienen que subsistir con dos hijos teniendo que ser ayudados por familiares. “Que tengas un trabajo y que tengan que ayudarte tus propios familiares es una injusticia, porque todos venimos a trabajar para cobrar”, expresa.

Durante la pandemia murieron 19 personas en ‘El Péndere’ de los poco más de 50 residentes y la mitad de la plantilla se contagió. “Tuvimos muchas muertes, algunas compañeras tuvieron la desgracia de ver fallecer a sus padres por el covid, lo hemos pasado muy mal porque los consideramos de nuestra familia”, agrega.

“Aquí todos echan la pelota al otro tejado –refiriéndose al Ayuntamiento, la Junta y la empresa- y los que pagamos el pato somos los trabajadores, que somos los únicos que estamos cumpliendo con nuestra obligación: ir a trabajar”, apostilla a la par que exige que “si la empresa no paga alguien tendrá que echarla a la calle”.

VALORACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Irene de Miguel, portavoz del grupo Unidas por Extremadura, considera que estas trabajadoras “han sido unas heroínas durante la pandemia que ya recibieron sus aplausos, pero que ahora tienen que verse materializados sus derechos”.

A su juicio esto es “un síntoma del modelo que se está imponiendo, el de la privatización de los servicios públicos a empresas que no tienen los suficientes recursos como para hacer frente a estos impagos”.

Por su parte, el diputado autonómico del Partido Popular, Juan Luis Rodríguez Campos, pide a la Junta que haga un esfuerzo por liberar esos fondos que pertenecen a los trabajadores para solventar lo que se está denunciando. “Si se quiere se puede, y este problema se está extendiendo a otros municipios de la región”, alega.

Encarna Martín, del grupo Ciudadanos, detalla que lo que se está cometiendo es una ilegalidad. “La gente come, no queremos ver más personas en las colas del hambre, y no podemos permitir que no se respeten los derechos de quienes han batallado en primera línea”, concluye.