OPINIÓN: "Autocensura, pesebrismo y miedo a las consecuencias en Canal Extremadura"

A pesar de contar con un presupuesto y apoyo institucional que imposibilita cualquier tipo de competencia al resto de los medios de comunicación de la región, Canal Extremadura Tv nunca ha sido una referencia informativa en la prensa extremeña.

En los momentos más importantes donde se debía imponer la comunicación veraz e independiente siempre han fallado. La autocensura, el pesebrismo, el miedo a las consecuencias y un sin fin de excusas impiden que sea el servicio público que merecen los ciudadanos. No se duda en dejar de informar de temas de actualidad de la sociedad extremeña si se solapan estas grabaciones con las de la sección del tiempo y sus directos para planos fijos. Ocurrencia tan sinsentido como malvada, que consiste en enviar a los equipos de la productora -nunca a su personal propio- a lejanos pueblos a las tres de la tarde en verano con 43 º al sol.

De los 27 millones de euros anuales de presupuesto en 2023-24, una productora se va a llevar más de dos millones con los servicios de plató e informativos. En principio no podían prorrogar esta última licitación por un expediente abierto del ente público de resolución de contrato por no cumplir las condiciones sociales esenciales del pliego, no haber implantado un plan de igualdad y resoluciones en firme de la Autoridad laboral. A pesar de todo ello, Canal Extremadura ha permitido a esta productora ganar este mes de julio la nueva licitación tras haberse presentado con otro nombre y otro CIF incluso perteneciendo al mismo grupo empresarial.

El 31 de julio esta productora ha informado de que a partir del 1 de agosto van a aplicar a los 34 trabajadores/as en Extremadura un ERTE por fuerza mayor durante todo el mes de agosto.

Los informativos de Canal Extremadura televisión durante estas semanas se rellenan como buenamente pueden, con entrevistas interminables, con imágenes de webcams, imágenes cedidas de clubs deportivos, imágenes de móviles de ciudadanos reconvertidos en reporteros, entre otros aspectos. Eso sí, Canal Extremadura no ha hecho saber la situación de incertidumbre de estas 34 familias -será que esto no les atañe como servicio público- como tampoco parece preocuparles la bochornosa imagen de los informativos que están emitiendo durante estos días.

Cabría preguntarse si las declaraciones de algunos partidos políticos, mencionando que la televisión pública extremeña es prescindible, no son tan peregrinas y progresivamente se postulan con una certeza incuestionable tal como se está acreditando este verano. Se podría sugerir como mal menor, ya que parece inevitable sortear el impuesto de pernada que la Administración gratifique con esos 2 millones de fondos públicos a su productora amiga para la expansión de su modelo de negocio y su política legendaria en los derechos laborales en países como Colombia, Chile o Perú. ¡Qué les habrán hecho en estos países! Pero que a cambio, esta productora deje en paz a los profesionales extremeños y que el resto de los 25 millones anuales se destinen a potenciar realmente el crecimiento de la industria audiovisual extremeña, bien sea con ayudas a televisiones locales, medios de comunicación digitales productoras, y regulando unas condiciones laborales dignas de un sector donde no haya trabajadores de primera y otros de segunda categoría.