OPINIÓN: El consorcio de Don Pablos

Hablemos del ‘Consorcio integral para la recuperación monumental, patrimonial, social, económica y urbanística del casco antiguo de Badajoz’, que así se llama la cosa. Dieciséis palabras, comas aparte, que, juntas todas, parecen un título nobiliario de rancio abolengo. Acaso falte añadir sostenibilidad y resiliencia, conde de Torre Rumbosa y virrey de la taifa, y ya estaría.

Este sainete, este convoy de adjetivos más largo que un día sin pan, sirve de presentación al proyecto de unión de tres administraciones públicas —Ayuntamiento, Junta y Diputación— para tratar de ayudar en la recuperación del centro histórico más grande de Extremadura, nuestro casco antiguo. Pero mucho tememos que las fuerzas se agotaron en buscar nombres con que bautizar al engendro y en asignarle unas rentas con las que poder subsistir, un tiempo al menos; de tal modo que, llegados a un acuerdo, el linajudo consorcio quedó con más título que caudales.

Hace más de cuatrocientos años, Don Francisco de Quevedo ya nos describía con mordaz acierto en su Buscón al hidalgo hambriento y vanidoso: <<sacó unas migajas de pan que traía para el efecto en una cajuela, y derramóselas por la barba y vestidos; de suerte que parecía haber comido>>.

Pues bien, este consorcio digno de Don Pablos nació con unas pretensiones que, desde el inicio, han sido sistemáticamente desguazadas por aquellos que tanto nos prometían; efectivamente, los de siempre.

Primero, con pasmosa parsimonia, se preocuparon de eliminar del texto aprobado los fondos mínimos con los que nutrían al ente, que a la sazón preveían inyectarle para el dos mil veintidós 583.000 napos de la Junta, 400.000 del Ayuntamiento y 17.000 de la Diputación; de ahí se pagarían los sueldos de los trabajadores, que siempre tuvieron claro que serían 226.000 reales. Después, decidieron medir entre ellos quién la tenía más larga —la solidaridad y responsabilidad social, nos referimos—, y tomaron la determinación de establecer cuotas de generosidad que quedarían en 49 % para el Ayuntamiento, 43,5 % para la Junta y un pequeñín 7,5 % de la Diputación. Esto aseguraba al Ayuntamiento presidir la mesa y comer huevos, como un padre. Hoy, la Junta decide cambiar el paso de nuevo, pisar el freno, porque quiere dejar cristalino cómo mandar todo al carajo y echar la persiana; y para el trance hasta que entierren al cadáver, establecer cómo no tener que asistir a la agonía del enfermo y poder solventar el papelón con una fría videollamada.

En definitiva, el consorcio de ampuloso nombre nace con la absoluta seguridad de que gastará 226.000 € anuales en sueldos de unos empleados que no tendrán fondos que gestionar, porque el 49 %, el 43,5 % y el 7,5 % de cero siempre será cero. Eso sí, ya no será necesario tratar cara a cara con los ciudadanos que peleamos por este barrio y forzamos el parto, como tampoco habrá dudas en poner fin a la sátira, que es el objetivo de este nuevo cambio que todo lo retrasa.

No obstante, puestos a darnos sepultura, permítannos sugerir la última magistral frase con la que concluir la burda obra que las administraciones escriben. Así, al menos tendrán un final con enjundia, acorde con la trama: <<Y fuéme peor, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres>>.