El pasado año intervinieron más de 2,6 millones de falsificaciones por valor de 121 M€

En este ámbito se llevaron a cabo 1.087 operaciones que permitieron detener o investigar a 1.037 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.

Los datos sobre las intervenciones y la actividad policial contra la venta de falsificaciones han sido divulgados por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, y recogen operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y distintas policías locales.

El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos por las FCSE corresponde al sector juguetes (16,6 por ciento). Le siguen, por volumen, el sector textil (12,5 por ciento), el del calzado (10,2 por ciento) y el de marroquinería y complementos (3,8 por ciento).

En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se ha hallado en naves, fábricas y almacenes (62,5 por ciento), seguido por los establecimientos comerciales (16,1 por ciento) y recintos aduaneros, puertos y aeropuertos (4,1 por ciento).

Sensibilizar a la población

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, valora importancia de estos datos y señala que estos contribuyen a la sensibilización de la población sobre las consecuencias negativas que provoca el consumo de productos falsificados en nuestro país.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial provocan consecuencias negativas para la economía en general porque destruyen puestos de trabajos directos, reducen la venta de los productos legales y generan efectos no deseados en ámbitos como el social o el de la seguridad y salud de los consumidores, ya que los productos falsificados eluden las normas existentes en esta materia, así como los controles e inspecciones oportunas para su posterior comercialización de forma segura.

Asimismo, la OEPM destaca la relevancia de disponer de esta información para diseñar e implementar las políticas públicas más eficaces de protección de los derechos de propiedad industrial y de lucha frente a la vulneración de los mismos.