Angulo: “El Gobierno tiene esperando a 8.600 familias de la provincia de Badajoz”

La diputada por Badajoz y portavoz de Inclusión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (GPP), Teresa Angulo, denunció esta semana en su intervención en el pleno de la Cámara Baja la caótica gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), “otra prueba más de que el Gobierno está dejando atrás a las familias más vulnerables, precisamente en estos momentos de grave crisis económica y social”.

Angulo ha considerado muy alarmante “la nefasta gestión del Gobierno en la concesión de esta prestación, demostrando de nuevo estar más pendientes de la propaganda y los eslóganes que de solucionar los problemas de los ciudadanos. La medida estrella de su famoso escudo social ha resultado ser un fiasco que está dejando sin ayuda de ningún tipo a miles de familias extremeñas en situación vulnerable”.

A las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la COVID-19 se une el agravante de la “ineficacia del Gobierno y sus medidas, lo que nos deja un panorama en que los pacenses, los extremeños y el resto de los españoles están sufriendo uno de los peores momentos de la historia de nuestro país”, reflexiona la diputada.

DATOS

En concreto la diputada popular por Badajoz ha detallado que en la provincia pacense “de las 19.421 solicitudes presentadas, solo se han concedido el 18’9%, es decir 3.684 beneficiarios únicamente, mientras que se han denegado 7.094, un 36%, casi el doble que las concedidas. Por lo que aún hay 8.643 familias a quienes ni tan siquiera se les ha contestado su solicitud del IMV.

Unas cifras que a nivel regional asoman unos datos desalentadores también, pues en Extremadura, una CC.AA. con una tasa de pobreza del 38% y en la que del total de solicitudes de IMV presentadas solo se han concedido el 18%, mientras que el 81% están o denegadas o aún no resueltas, hogares que están pasando una situación de extrema necesidad y que no encuentran una respuesta a sus necesidades por parte del Gobierno de Sánchez e Iglesias”.

En su intervención en el Congreso esta misma semana, Angulo destacó que “el Gobierno progresista además ha efectuado un importante recorte social, al eliminar a las familias en pobreza moderada la prestación por hijo a cargo sin discapacidad, esa ayuda para combatir la pobreza infantil a la que hasta ahora muchas familias tenían derecho”, demostrando ser “un Gobierno antisocial que elimina ayudas a las familias, sube la luz, hace elegir entre comer o comprar mascarillas y que destina 71 millones a asesores en lugar de a combatir la pobreza infantil”.

En este sentido recordó que informes de Oxfam Intermon alertan de que en este último año ha crecido en cerca de 800.000 el número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. “Hay en España hay 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, 300.000 trabajadores sin cobrar sus ERTES, 380.000 autónomos con sus persianas bajadas, y España en el abismo de los cinco millones de parados”, destacó la portavoz popular.

El PP reclama al Gobierno “soluciones urgentes a un país que se desangra en vidas, en empleos, en víctimas del paro y la pobreza”, y le acusa de “vivir desconectado de la realidad y estar ocupados en sus intereses partidistas y en sus guerras de poder internas, en lugar de en dar soluciones a los problemas y necesidades reales de la gente”.

Finalmente, Teresa Angulo, señaló que el empleo en España y especialmente en Extremadura, está en la UCI, “los españoles están viviendo un drama social ante el que el Gobierno sigue sin reaccionar.  Al contrario, el Gobierno de coalición en lugar de pedir perdón por su nefasta gestión de la crisis sanitaria y social, se dedica incluso a alardear, reprochó.

El Partido Popular en el Congreso exige la agilización en la resolución de los expedientes del IMV, una medida social que para los populares debe ir vinculada a la búsqueda de empleo, pues hay familias en una difícil situación que llevan meses esperando a que el Gobierno las atienda, recordando que los eslóganes y la propaganda ni dan de comer ni pagan facturas. Y que las medidas de protección social sean políticas públicas simultáneas y complementarias a las políticas económicas y de empleo que garanticen la recuperación económica, que es la única que podrá garantizar la protección social a quién lo necesite y que, de verdad, nadie se quede atrás”.