Badajoz contará con áreas de restricción al tráfico de vehículos contaminantes

El grupo municipal socialista cree que la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) este 1 de enero ha podido pillar sin los deberes hechos al consistorio pacense. Al menos ellos no tienen ninguna información al respecto y la reclaman.

Los socialistas afirman saber que Badajoz no será una excepción y que no se llegará a tiempo, pero muchas ciudades han venido trazando un borrador previo. Es el momento de relacionar las exigencias a cumplir, no hay justificación para más retrasos y con el real decreto publicado se cuenta con unas certezas para redactar la ordenanza.

UN “BADAJOZ CENTRAL” SIN DILACIÓN

Desde el grupo socialista creen que queda mucha tarea por delante, entre otras cosas, porque la creación plataforma única ha mantenido el mismo tráfico en todas las vías, salvo en tres en 14 años.

Del mismo modo apuestan por que se establezca en el centro de la ciudad y reconocen la complejidad, pero nada debe detener su implantación, ni ser una excusa la falta de tiempo. Nuestro “Badajoz Central” no es sencillo sacarlo adelante sin una oferta de aparcamientos disuasorios, ni ayuda “zonificar” en víspera de elecciones, pero hay que trabajarlo de inmediato.

En el PSOE ya cuentan con que la implantación necesite moratorias y periodos informativos, pero temen que el equipo de gobierno haga caso omiso al requerimiento del Estado y busquen dilatar el proceso de manera absurda e irresponsable. Al menos los socialistas esperan una voluntad de restricción al tráfico en obras pendientes de ejecutar o terminar en los próximos meses, instalar más cámaras y agilizar al máximo los aparcamientos anunciados.

UNAS ÁREAS RESTRICTIVAS OBLIGATORIAS

Badajoz está en la lista de municipios de más de 50.000 habitantes que están obligados a contar con áreas de restricción al tráfico de los vehículos más contaminantes a partir de este 1 de enero de 2023, según establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en mayo de 2021 y cuyas líneas principales se conocían desde hace cuatro.

El martes pasado el Consejo de ministros aprobó el real decreto que regula los requisitos mínimos que deben cumplirse, aportando así seguridad jurídica a municipios, particulares y empresas mediante una transición homogénea en todo el territorio nacional. Precisamente esa tardanza en la aprobación del real decreto, en el que debían basarse las ordenanzas de los ayuntamientos, era el argumento que esgrimió la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir hasta 2024 la entrada en vigor, pero su petición ha caído en saco roto.