Badajoz y 29 ciudades más se oponen al Real Decreto actual

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mantenido una reunión mediante videoconferencia con el conjunto de los alcaldes de Alicante, Almería ,Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.

Las 30 ciudades han acordado reclamar al Gobierno Central que sustituya el Real Decreto actual, que entrega 5.000 millones a los ayuntamientos que a su vez entreguen sus remanentes al Estado, por otro que los distribuya sólo en función de la población.

Los alcaldes de estos treinta municipios quieren manifestar lo siguiente:

1.- Reivindicación del papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera.

2.- El esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos que está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita. Los ayuntamientos necesitan imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario.

3.- Rechazo del acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros.

4.- Del mismo modo, constatamos que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso. Por lo tanto, reclamamos al Gobierno central que desista de intentar tramitarlo posteriormente como proyecto de ley. Eso supondría insistir en un enorme error y, además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse más allá del presente año.

5.- En ese escenario de ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto, solicitamos la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda que llevamos semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España.

6.- Esa nueva negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica.

7.- De acuerdo con ese documento, una vez que no sea convalidado el actual decreto, el Gobierno central debe elaborar otro, y tramitarlo con carácter urgente, en el que se recojan las medidas que sí cuentan con un amplio respaldo político, como el fondo estatal para la financiación del transporte municipal y la flexibilización de la regla de gasto.

8.- Al mismo tiempo, se debe renegociar las medidas que son rechazadas por una amplísima mayoría para alcanzar un acuerdo satisfactorio, justo y que preserve la autonomía municipal y el principio de igualdad. Reclamamos para ello que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades. Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos.

9.- Solicitamos el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que pedimos que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten.