Cáritas Diocesana firma a favor de la regularización de personas migrantes

Hace un año se puso en marcha la iniciativa Esenciales, una campaña de recogida de 500.000 firmas para registrar en la Cámara baja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el propósito de realizar una regularización de personas migrantes.

Ya hay más de 700.000 firmas, que piden esta regularización y con las que Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha contribuido con casi 600, se han presentado ante el Congreso con el objetivo de que esta ILP se debata en dicho órgano.

Los siguientes pasos

Tras la presentación de las firmas, la Oficina del Censo Electoral se encargará de verificar los datos censales. Desde aquí se trasladará a la Junta Electoral Central si se han superado las 500.000 firmas necesarias y, en caso de confirmarse, el Congreso de los Diputados tendrá un plazo de 6 meses (que empiezan a contar el 22 de diciembre) para llevar a debate la regularización extraordinaria.

Si la mayoría del Congreso decide aprobarla, el Gobierno tendrá otros 6 meses para llevarlo a la práctica.

Esenciales

El respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano, la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad y la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos, son las tres principales razones por las que se puso en marcha esta iniciativa, apoyada por más de 800 organizaciones.

En España residen de manera administrativa irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad… Estas personas son vecinos, amigos, los niños que van al colegio con nuestros hijos o quienes cuidan a los mayores. Su aportación a nuestra sociedad se ha hecho especialmente visible durante la pandemia y en los sectores más imprescindibles, como el de los cuidados, la agricultura o la sanidad.

El sistema de acceso a la residencia, contemplado en la Ley de Extranjería, resulta insuficiente y limitado. Además, no se ajusta a la realidad y no responde a la situación actual de exclusión de las personas migrantes que viven y trabajan en España.

La situación de vulnerabilidad y desprotección que sufren estas personas es enorme ya que la situación de irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación y la sanidad. Ante esta situación, una regularización extraordinaria supondría una apuesta por los derechos fundamentales de cada ser humano.