Continúa la defensa del agua en Extremadura

Bajo el lema “POR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE, AGUA PARA LA VIDA” Ecologistas en Acción se reunió este miércoles en Mérida para continuar su actividad de defensa ambiental y denunciar la insostenibilidad del desarrollo del regadío en Extremadura.

Afirman que la mayoría de los embalses extremeños se encuentran en un estado de emergencia por sequía y desde el V Foro del Regadío de Extremadura aún se sigue apoyando la transformación al regadío de buena parte del territorio.

“La Junta de Extremadura también defiende el proyecto de transformación al regadío de Tierra de Barros y de gran parte del territorio extremeño, pese a las evidencias de crisis climática y la reducción de las reservas de agua que atraviesan el territorio”.

Así, Ecologistas en Acción de Extremadura presenta continuamente alegaciones para proteger las reservas de agua frente a la sobredemanda que plantean dichos proyectos. Por ejemplo, el pasado año 2021, basándose en el informe redactado por la Fundación Nueva Cultura del Agua a la transformación en regadío de Tierra de Barros, donde se pueden confirmar las omisiones de impacto ambiental que manejan los proyectos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo rural, Población y Territorio de la Junta, defendiendo la transformación al regadío respecto a la cultura agrícola de secano. Defendiendo cultivos exigentes en recursos hídricos mientras agricultores y ganaderos del mismo territorio van a las fuentes públicas a buscar agua para dar de beber a los animales, debido a que sus pozos tradicionales están secos.

“Los acuíferos de España se agotan, mientras la Junta de Extremadura promueve, de nuevo, el derroche, sin tener en cuenta la ya declarada “Emergencia Climática”. Ecologistas en Acción mantiene su postura en defensa del territorio, alegando su impacto irreversible sobre los ecosistemas y la catastrófica situación que puede traer el regadío en comarcas sin reservas aparentes. La superficie regada en Extremadura aumentó en 5.500 hectáreas en 2021 llegando hasta las 190.000Has según el mismo foro”.

Aunque lo más impactante son los propios datos del Ministerio (2001), según los cuales el 95% del agua embalsada consumida en Extremadura correspondería al sector agroganadero, el 2,85% consumo humano y el 1,83% la industria. En un año seco como el que estamos atravesando, con un nivel de precipitaciones 26% por debajo de la media, es inexplicable que las propuestas de regadío no paren de crecer.

El hecho de que en un año de sequía como este no se hayan podido regar las principales zonas de riego extremeña, dan una visión clara de la insostenibilidad del uso del agua que se está haciendo. Puesto que queda en entredicho claramente la seguridad en la producción agraria.

El calentamiento global hace veinte veces más probable las situaciones de sequía extrema en Extremadura y las demás comunidades semi áridas de la península Ibérica. Los fenómenos climáticos extremos son y serán más frecuentes e intensos y es imprescindible replantearse: ¿Qué esperamos conseguir con más extensión de regadío en plena sequía?

“Desde los grupos coordinadores y participantes del foro se enmascara la propuesta de regadío con argumentos de desarrollo innovador y nuevas tecnologías para el sector agroalimentario, sin tener en cuenta todavía las consideraciones de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana que todavía están analizando el impacto de dichos planes a las respectivas cuencas”.

Indican que cabe plantearse cuál es el futuro de estos cultivos en el escenario ambiental actual, teniendo en cuenta que en Extremadura el 45% de las tierras cultivables requieren un consumo de agua superior al disponible, según Greenpeace 85% del agua de la cuenca del Guadiana está en mal estado y Extremadura dispone del 44% menos de agua que en los últimos 10 años.

Este jueves Ecologistas en Acción ha visibilizado tan solo la punta de un iceberg de lucha continua para defender el agua y el legado natural del resto de seres vivos que actualmente se encuentran amenazados por la incompetencia y falta de criterio del impacto ambiental de tantos proyectos que se aprueban y apoyan desde las administraciones públicas con tal de crear nuevos puestos de trabajo.