Debate en Plasencia sobre la educación concertada y la ocupación ilegal de viviendas

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Plasencia, Francisca García, defendía el pasado viernes en el pleno que la educación concertada debe recibir las mismas ayudas que la pública contra el Covid.

La moción, que ha salido adelante con los votos a favor del PP, insta al gobierno de España y a la Junta de Extremadura a “garantizar el derecho a la Educación de todos los alumnos de Plasencia, en igualdad de condiciones, tal y como recoge nuestra Constitución española”, indica la edil de Ciudadanos.

Además, también pretende defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural y complementaria de la pública, dotando a todos los centros, sean de carácter público o privado-concertado, de los recursos necesarios para ello.

Por último, la moción también recoge la necesidad de “garantizar a todos los alumnos de Plasencia”, hayan elegido una educación pública o concertada “las condiciones higiénico-sanitarias requeridas” para poder ejercer su derecho constitucional a recibir la Educación normativa, “proporcionando los fondos necesarios para tal ejercicio”.

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

Por otra parte, la edil de la formación naranja ha presentado otra moción en la que ha reclamado medidas de garantía para la seguridad y la convivencia frente a la ocupación ilegal de viviendas.

Así, García defiende tener una línea de teléfono o correo electrónico para presentar las reclamaciones y tener información y que esto se publicite en la página web del ayuntamiento.

Además, la edil de Cs en el consistorio placentino también propone estudiar la opción para incentivar fiscalmente a los vecinos que cedan al Ayuntamiento una vivienda de su propiedad para dedicarla a alquiler social y potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con la Administración de Justicia, “para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas”.

Finalmente, la moción de la formación naranja también pretende instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales “a promover todas las reformas legales que sean necesarias” para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas “y reforzar las competencias de los ayuntamientos” para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas.