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Denuncian la gestión que la Junta hace de las vías pecuarias extremeñas

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8 de Mayo de 2021

Denuncian la gestión que la Junta hace de las vías pecuarias extremeñas

El pasado día 22 de abril, Ecologistas en Acción de Extremadura dirigió un escrito al Defensor del Pueblo solicitando su intervención en relación con la gestión que la Junta de Extremadura está desarrollando en las múltiples Vías Pecuarias que discurren por nuestra región.

La petición de intervención se fundamenta en el altísimo número de ocupaciones que sufren estos espacios y la gestión de las autorizaciones para ello que tramita la administración regional, que es la que ostenta las competencias sobre este patrimonio.

Desde el año 2000, la Junta de Extremadura lleva gastados varios millones de euros procedentes de fondos europeos, principalmente Fondos FEADER, invertidos en deslindar y amojonar las Vías Pecuarias extremeñas. Sin embargo, muchas de ellas, a pesar de estar deslindadas y amojonadas sobre el terreno, siguen sufriendo la ocupación por parte de particulares sin que la administración libere su superficie para el dominio público y para los usos que establece la ley.

ESTUDIO

En el estudio realizado por Ecologistas en Acción junto a la empresa NaturGIS, a través de un análisis de fotointerpretación, han tratado de contrastar si la recuperación administrativa de estos espacios, realizada a través de deslindes y amojonamientos, tiene su reflejo efectivo sobre el terreno.

La realidad que se desprende de este estudio es otra: tan sólo en tres de los grandes ejes de Cañadas Reales pertenecientes a la Red Nacional de Vías Pecuarias (Cañada Real Leonesa Occidental, Cañada Leonesa Oriental y Cañada Real de la Plata) se han detectado más de 1.411 ocupaciones que superan las 719 hectáreas afectadas. Y ello a pesar de las limitaciones que presenta la fotointerpretación, pues un análisis minucioso en campo de las tres Cañadas estudiadas y ampliado al resto de Vías Pecuarias de la región, ofrecería con total seguridad un número alarmante de ocupaciones.

Con esta actitud, “la Junta de Extremadura no está ejerciendo su obligación de recuperación de oficio de estos bienes de dominio público”, lo que es especialmente grave en el caso de las grandes Cañadas Reales pertenecientes a la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Ecologistas en Acción de Extremadura considera, además, que se está incumpliendo de manera sistemática la legislación en materia de Transparencia y Buen Gobierno, al no hacerse una adecuada exposición pública en sus portales regionales de las autorizaciones y concesiones que se otorgan a particulares y organismos públicos, restringiéndose estas exposiciones públicas al Tablón de Anuncios del Ayuntamiento afectado y no publicándose siquiera en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, es prácticamente imposible averiguar ni el número de autorizaciones que anualmente autoriza la Junta de Extremadura ni la cantidad de dinero que anualmente percibe por ese concepto y, por tal motivo, tampoco es posible averiguar el destino de estos ingresos ya que, de acuerdo al artículo Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias:

“El importe del precio público que se perciba, en su caso, por los frutos y aprovechamientos de las vías pecuarias se destinará a la conservación, vigilancia y la mejora de las mismas”.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado reiteradas denuncias ante la administración regional por estas ocupaciones ilegales, que no han tenido respuesta ni en tiempo ni en forma. De igual manera, tampoco se tiene constancia de que otras denuncias realizadas por Agentes de la Autoridad por casos similares hayan finalizado con la imposición de una sanción económica o, en los casos en los que sí se ha tramitado expediente sancionador, estos son en un número ridículo dado que, claramente, el grado de ocupación de la superficie de las Vías Pecuarias extremeñas es enorme, como se puede comprobar en los estudios parciales realizados por esta asociación, cuyo informe se ha presentado ante el Defensor del Pueblo.

La organización ecologista no descarta emprender acciones penales respecto de los responsables autonómicos por prevaricación administrativa pasiva, al entender que esta viene haciendo una clara dejación de sus funciones en este asunto.

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