Detenidos por vender vehículos de segunda mano con datos falsos en la provincia de Badajoz

El Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura (GIAT), bajo la coordinación de la Fiscalía especializada, inició en noviembre una investigación encaminada a la detección y prevención de delitos de estafa y falsedad documental en la compraventa de vehículos de segunda mano. Durante la misma se ha identificado a tres presuntos falsificadores.

La Guardia Civil recibió denuncias por parte de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (ASPREMETAL) de que varias personas podrían estar dedicándose a la compraventa de vehículos en la provincia de Badajoz, sospechando que manipulaban sus odómetros, con el fin de reducir el kilometraje real de los vehículos que adquirían, y así revalorizar su precio en el mercado de ocasión para posteriormente venderlos a otros compradores.

Los agentes iniciaron una laboriosa investigación en la que han colaborado empresas subastadoras con sede en varios países extranjeros, donde los investigados adquirían los vehículos de segunda mano para su posterior venta, así como las marcas de los vehículos adquiridos y las estaciones de ITV de la provincia.

En el transcurso de las investigaciones se detectaron ilícitos penales de estafa y falsedad documental, aportando las pruebas necesarias para determinar la autoría de los hechos en la manipulación del odómetro en 13 vehículos, oscilando la reducción del kilometraje en los mismos entre 43.200 y 120.000 kilómetros, y detectando la falsificación en las facturas de compra de 6 de ellos durante el proceso de matriculación en España. Facturas en las que se habían eliminado los kilómetros reales que figuraban anotados por la empresa de subastas.

Con estas acciones delictivas, las tres personas investigadas habrían obtenido unos beneficios de 53.900 euros.

Ahora se enfrentan a penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses por el delito de estafa, y por el delito de falsedad documental a prisión de tres meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial junto con las tres personas investigadas y vehículos manipulados, quedando a la espera de juicio.