El Constitucional impide que la sanidad extremeña atienda a los inmigrantes ilegales

La Junta de Extremadura acata, aunque lamenta, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que no reconoce el derecho a que la sanidad pública extremeña pueda atender a todas las personas, incluyendo extranjeros en situación administrativa irregular.

El TC ha notificado a la Junta la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Extremadura de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social. El requerimiento del Gobierno central ha sido admitido por siete votos, frente a cinco favorables a la constitucionalidad de la norma.

La ley planteada por la Junta de Extremadura pretendía establecer, entre otras cuestiones, el reconocimiento del derecho universal a las prestaciones sanitarias de todas las personas, independientemente de la situación jurídica y administrativa de las personas en España. Desde el Ejecutivo extremeño se defiende que el derecho a la salud es un derecho que conecta con la esencia de la condición humana y con la dignidad de las personas.

La Junta lamenta que la sentencia considere que ofrecer sanidad pública y gratuita a los inmigrantes que no han logrado conseguir papeles suponga un choque con áreas que son responsabilidad directa del Estado, “de modo que su ampliación o mejora no dependerá de la Junta de Extremadura que es la que presta el servicio, sino de poderes externos sin conexión con la realidad social de las personas”, según indica el TC.