El Gobierno ataca el uso privado de coches de gasóleo pero los compra para uso oficial

Pocas cosas hay más contraproducentes a la hora de ejercer la dirección que dar volantazos, enviarle a las ruedas mensajes contradictorios.

El Gobierno que preside Pedro Sánchez giró primero hacia los coches eléctricos o, al menos híbridos, movidos por gasolina y electricidad, al tiempo que le declaró la guerra al gasóleo, considerado por la administración el carburante fósil más contaminante de la automoción.

"El diésel tiene los días contados", dijo en julio Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. Poco después, en septiembre, el presidente del Gobierno daba una vuelta de tuerca afirmando: "Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país, como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto".

Un impuesto que, en el caso del diésel, se concreta en 3,8 céntimos por litro de carburante.

El acoso del Gobierno de Sánchez al uso de carburantes fósiles en la automoción está planteada como una ofensiva sólida –vía impuestos- y a largo plazo, pues la pretensión del Gobierno es que a partir del año 2040 no se puedan fabricar automóviles de gasolina ni tampoco de gasóleo. Aunque las prohibiciones a tan largo plazo, ¡cuan lejos me la fiais!, conllevan siempre una dosis alta de incertidumbre asociada a los cambios políticos, industriales, de consumo, etcétera, está claro que al Gobierno no le gustan los vehículos movidos por derivados del petróleo.

Pero el mismo Gobierno que por un lado le ha declarado la guerra a la contaminación con gasóleo, resulta que traiciona sus propios principios ecologistas y compra vehículos movidos a gasóleo para el servicio oficial del Estado.

Según se acaba de saber, la Guardia Civil, que forma parte del Estado y está a las órdenes del Gobierno, ha comprado 249 automóviles de la marca Seat, modelo León ST (familiar). 2.0 TDI de 150 caballos con el acabado deportivo (rápido) FR, fabricados en la fábrica que Seat tiene en la ciudad catalana de Martorell.

Un Seat León ST. 2.0 TDI de 150 caballos con el acabado FR contamina lo mismo si lo utiliza la ciudadanía que si lo usa el Estado. La principal diferencia entre ambos supuestos es que, al pasar por la gasolinera y repostar, el Estado no paga la subida de 3,8 céntimos por litro de gasóleo.