El Gobierno controlará el riesgo de inundaciones en las carreteras extremeñas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por unos 4 millones de euros (IVA incluido), un contrato para evaluar la resiliencia de la Red de Carreteras del Estado ante el riesgo de inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos, como las provocadas por la DANA. Este contrato, que se licitó a finales de marzo, se financia a través de los fondos NextGenerationUE del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo es estudiar los riesgos de origen hidrológico en la Red de Carreteras del Estado, así como desarrollar una serie de instrumentos que permitan mejorar la gestión de las inundaciones. Todo ello formará parte del plan de prevención y respuesta ante el cambio climático que la Dirección General de Carreteras está desarrollando en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).

En lo que se refiere a las carreteras, los riesgos de origen hidrológico pueden conllevar dos tipos de afecciones a la movilidad:

1- La acumulación de agua en la calzada que imposibilita la circulación en condiciones de seguridad y deja fuera de servicio un determinado tramo,

2- El deterioro o incluso fallo de determinados elementos y estructuras pertenecientes a la red.

El contrato se ha dividido en dos lotes por territorios:

Lote 1: Asturias, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid, Cantabria y La Rioja,

Lote 2: Aragón, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha.

El importe de adjudicación del Lote 1 es de 2,03 millones de euros, IVA incluido, mientras que el importe de adjudicación del Lote 2 asciende a 1,93 millones de euros, IVA incluido.

El objeto de este contrato de servicios se divide fundamentalmente en dos partes:

Análisis de riesgos de origen hidrológico en la RCE e implementación de sistemas de alerta. Esta parte incluiría un estudio sobre inundabilidad de las carreteras, considerando los riesgos adicionales que trae consigo el cambio climático.

Su articulación se hace en base a la identificación de una serie de puntos críticos llamados ‘Puntos Inundables de Referencia’ (PIR), cuyos sistemas de drenaje pueden resultar insuficientes en casos meteorológicos extremos. En concreto, se consideran PIR aquellos puntos con obras de drenaje o de paso transversales a la carretera que tienen una luz de vano o apertura para el paso del agua inferior a los tres metros de ancho.

También pueden considerarse Puntos Inundables de Referencia aquellas obras de drenaje con una luz de vano superior -entre 3 y 10 metros- siempre que así lo estime la dirección de contrato. Dichos PIR comprenden, además de la propia obra de drenaje transversal o de paso donde estén localizados, los tramos de carretera adyacentes que puedan verse afectados por las inundaciones.

Elaboración de directrices técnicas para mejorar la gestión de las inundaciones. Esta parte busca, por un lado, conseguir una adecuada coordinación entre los distintos organismos que se ven envueltos en la gestión de las inundaciones y, por otro, definir y estructurar las actuaciones que se deben llevar a cabo para evitar o minimizar la afección de dichas inundaciones a la RCE. El contrato comprende, por tanto, el desarrollo de los trabajos y la elaboración de los documentos necesarios para la futura consecución de estos objetivos.

Descripción de los trabajos

Los trabajos que se incluyen en el contrato se dividirán en dos fases. La primera consiste en analizar los riesgos de origen hidrológico de la RCE e implementar sistemas de alerta. Ello implica trabajos de recopilación de la información y estudios hidrometeorológicos, desarrollo e implementación de una metodología para el análisis de riesgos, implementación de un sistema de alerta hidrológica, diseño de aplicaciones informáticas, desarrollo de un proyecto piloto, elaboración de informes, formación y coordinación con otros organismos, etc.

La segunda fase consistiría en la elaboración de directrices técnicas para mejorar la gestión de las inundaciones, con directrices para la elaboración de protocolos territoriales de coordinación y una nota técnica de inundabilidad.