El PP acusa a la Junta de ocultar abusos sexuales sufridos por un discapacitado al que tutela

El Partido Popular de Extremadura se hacía eco de una noticia publicada este miércoles por el diario 'El Mundo' en la cual recoge una denuncia, de un joven discapacitado mental con un grado de minusvalía del 67%, por abusos sexuales de parte del conserje del centro ocupacional al que asistía.

Se trata de Novaforma, un centro ocupacional para personas con discapacidad, situado en Cáceres. Además, el caso se agrava al tener en cuenta que el menor que ha sufrido los presuntos abusos sexuales estaba tutelado por la Junta de Extremadura. Cabe señalar que el conserje también tenía un grado de discapacidad del 56%.

Según el diario El Mundo, los hechos se produjeron desde 2015 hasta marzo de 2016, fecha en la que se interpuso la denuncia. El lunes 16 de abril, la Audiencia Provincial de Cáceres iba a celebrar el juicio por este caso, pero finalmente no se celebró porque tanto los abogados de Novaforma como el gabinete jurídico de la Junta de Extremadura llegaron a un acuerdo. Este acuerdo consiste en la rebaja de la pena para el conserje, de 8 años y medio a 3 años de cárcel y 30.000 euros de indemnización para el joven víctima de abusos sexuales.

Pero la sentencia tampoco adjudica responsabilidades a los gestores del centro, propiedad de la Junta. Además, El Mundo asegura que el acusado, según fuentes jurídicas, “no entrará en prisión”.

El PP critica que la denuncia no fuese puesta anunciada por la Junta, que es la tutora legal del joven, sino que lo hizo el matrimonio que se encarga de atenderlo desde hace más de 25 años. El Partido Popular considera que “se ha intentado dar carpetazo a esta cuestión desde el primer minuto”.

Consuelo Píriz, diputada del Partido Popular, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para explicar la situación. La diputada en la Asamblea ha mostrado la sorpresa de su grupo porque el joven, “durante el tiempo que sufre los abusos sexuales, contrajo también una mielitis dorsal que le ha postrado en una silla de ruedas”. A pesar de ello, según el periódico que recoge la denuncia de abusos, “el fiscal no cuenta con datos suficientes para deducir una relación causa efecto de los abusos y la enfermedad”. Píriz denuncia que el juicio no se ha llegado a celebrar, por lo que “no se han podido aportar pruebas que demuestren lo contrario”, señala.

Piden por tanto explicaciones “claras y concretas”. “Queremos saber si el acusado ha seguido trabajando en este centro ocupacional. Si en el momento de la denuncia se interpusieron medidas cautelares, ya no solo referidas a la víctima, sino al resto de pacientes de este centro. Queremos saber porque la Junta y el abogado han llegado a un acuerdo que, a todas luces, perjudica a la víctima”.

Además, lamentan que el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, no haya dado explicaciones al respecto.

RESPUESTA DE LA JUNTA

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Gil Rosiña, ha sido cuestionada por este asunto al cual no se ha querido referir porque “es un tema muy grave”. “Se trata de personas”, decía esta mañana la portavoz.

En todo caso, ha recomendado al Partido Popular que, “revise las ruedas de prensa que algunos de sus diputados ofrecen”.