El PP se personará como acusación popular en el caso de los cursos de formación

El Partido Popular de Extremadura ha anunciado esta mañana que se personará como acusación popular ante el caso de los cursos de formación que afecta a la CREEX y a los sindicatos UGT y CCOO de la región.

Según ha explicado la portavoz en materia de Empleo del PP, María Ángeles Muñoz, su partido solo podrá hacerlo en el proceso contra Comisiones Obreras por una cuestión de “tiempo”.

En el año 2015, el Gobierno de Monago, a través del Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE), realiza un control de las subvenciones destinadas a distintas entidades para los cursos de formación. Muñoz indica que a partir de ahí el PP comunica a la Fiscalía unos hechos que podrían ser constitutivos de delito, para que ésta, si así lo entendía, tramitase la correspondiente denuncia ante el Juzgado.

La Fiscalía así lo entendió, y dichos hechos, producidos en 2011 y ampliados a 2012, fueron denunciados. “La fiscalía no solo consideró que los hechos eran ciertos, sino que ahora, una sentencia tras otra nos va dando la razón”, señala María Ángeles Muñoz.

En este sentido destaca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura del año 2012, con fecha 23 de noviembre de 2017. Según Muñoz, esta sentencia dice que Comisiones Obreras tiene que devolver las cantidades otorgadas en concepto de subvención para cursos de formación porque no se habían justificado los costes de los mismos. “Es decir, había dinero público que no se demostró que fuera destinado a los cursos de formación”, indica.

La segunda sentencia, con fecha a 15 de enero de 2019, “dice que las entidades, a través de las subcontratas con las que realizaban los cursos de formación, no justificaban los costes”.

Muñoz destaca que se trata de cantidades “importantes” de dinero público. En concreto se refiere a 3 millones de euros “defraudados” de los 7 millones en total que se destinaron a estas entidades.

Ahora el procedimiento penal continúa (y es en este en el que se personará el PP), según indica, y el contencioso-Administrativo dice que “tienen la obligación de devolver toda la cantidad defraudada y por supuesto pagar las costas procesales”.

Los delitos que podrían achacarse a estas entidades serían contra la Hacienda Pública y falsedad documental.