El presidente de la Diputación recibe el respaldo de sus ex diputados

Todos los diputados provinciales socialistas de la anterior legislatura han querido comparecer en la mañana del 8 de noviembre de forma conjunta, para mostrar su solidaridad y respaldar al presidente de la Diputación Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, tras la moción presentada por Vox en el Ayuntamiento pacense pidiendo querellarse contra el propio presidente por presunta prevaricación en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El vicepresidente tercero, Ramón Ropero, ha ejercido de portavoz y ha dejado claro que la medida de aplicar la Ley de Memoria Histórica a la provincia “no fue una ocurrencia de Miguel Ángel Gallardo, como despectivamente lo califican los contrincantes políticos, sino una decisión conjunta, unánime y en todo momento compartida”. Por tanto, Ropero solicita a Vox que si estima oportuno querellarse, que lo haga no sólo contra el presidente, sino “contra todos los diputados que formábamos el gobierno provincial y en vez de una presente dieciséis querellas”.

En este sentido, sí ha precisado que “no es de recibo presentar querellas a costa del dinero público, por lo que si Vox quiere ir a los juzgados lo que tiene que hacer es costearlo de su bolsillo”.

Ropero ha advertido que aunque son conscientes que la citada moción no ha sido promovida por el Ayuntamiento, “sí que estamos interesados en conocer cuál va a ser su tratamiento” por parte del alcalde. “Lo deseable sería que no llegara a debatirse en pleno, ya que entendemos que si alguien quiere querellarse debe hacerlo con el dinero de su bolsillo”.

El vicepresidente tercero ha dado a conocer en la comparecencia, que él mismo ha hablado tres veces esta semana con el alcalde de Badajoz, al objeto de llegar a un acuerdo para abonar el dinero que se adeuda desde la Diputación tras las recientes sentencias del TSJEx que estimaban parcialmente el recurso de la Institución Provincial. Todo ello, sin esperar a que se pronuncien de nuevo los tribunales.

“De la decisión de no recurrir al Tribunal Supremo tiene conocimiento el Ayuntamiento de Badajoz, como también de la voluntad de la Corporación Provincial de abonar la cuantía de las ayudas denegadas por estos motivos, sin necesidad de esperar a la resolución de los procedimientos judiciales que están pendientes. Lo sabe su alcalde, a través de sus servicios jurídicos, pero también lo sabe de forma personal, a través de mi persona. Yo entiendo que estamos en campaña, pero la predisposición a pagar, sin esperar a que se pronuncien de nuevo los tribunales, partió de esta Corporación”, afirma Ramón Ropero.

En este caso, a través de una modificación presupuestaria, que se llevaría para su aprobación al pleno extraordinario de los presupuestos o al pleno ordinario de este mes, se pretenden habilitar 1.270.000 euros, con los que abonar el dinero al Ayuntamiento de Badajoz, al de Villafranco del Guadiana y al de Guadiana.

Así, como precisa Ropero, la Diputación de Badajoz ha mostrado “voluntad política y la solución del conflicto parece que estaba plenamente encaminada”. No obstante, si quiere conocer la postura de los grupos del Ayuntamiento respecto a la moción de Vox: “No nos pronunciamos sobre las declaraciones del Alcalde, porque entendemos que estamos en campaña, ni siquiera sobre la posibilidad de reprobación del Presidente de la Diputación Provincial por el pleno de la corporación municipal; ahora bien, sí que estamos interesados es conocer cuál es su posición y la del resto de grupos de la corporación municipal con respecto a la presentación de una querella criminal, que no obedece, ni responde sino al más profundo resentimiento y frustración de un partido de extrema derecha que se ha colado en el Ayuntamiento de Badajoz, y que está impulsado por quién, a costa del erario público, quiere vengarse por haber tenido que asistir a la particular exhumación del escudo y la placa que, con tanto ahínco, se empeñó en mantener en la fachada del Ayuntamiento de Guadiana y que, por cierto ha sido retirada en ejecución de una sentencia dictada del propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura”.

Además añade: “habrá que preguntarle al concejal de Vox por la posibilidad de interponer una querella criminal contra su ‘secretario’, que por cierto nos deseó la muerte en un pleno, por haber tenido que esperar una resolución judicial para que el Ayuntamiento cumpla la Ley de Memoria Histórica”.

Ropero ha recordado que lo único que hizo la Diputación de Badajoz fue aplicar la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada por las Cortes Generales en 2007, con el voto en contra del PP, que “además luego no se atrevió a derogarla cuando pudieron hacerlo”.

El vicepresidente tercero recuerda que la iniciativa de la corporación provincial “respondía a un compromiso con los valores democráticos de las víctimas, ya que las medidas contempladas en la Ley de Memoria Histórica no fueron atendidas y cayeron en el olvido sin merecer la más mínima atención por parte de los poderes públicos”. Entre esas medidas “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura y entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Se trataba de una “medida pionera, que no se había llevado a cabo antes en este país por parte de ninguna administración pública”. Para su aplicación, desde la Diputación se procedió a la creación y constitución de una comisión de expertos de carácter provincial; se articuló una línea de subvenciones para ayudar a los ayuntamientos a costear los gastos de la elaboración del catálogo de vestigios; al tiempo que se adoptaron las medidas necesarias “para que el compromiso con los valores democráticos y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica se convirtiese en una finalidad pública específica que presidiese y condicionase toda la política de fomento de la Corporación Provincial dirigida a las Entidades Locales de la Provincia, de forma que éstas, cuando solicitasen ayudas públicas a la Institución Provincial, deberían asumir el compromiso de cumplir con dicha norma, configurándose en las bases reguladoras dicho compromiso como un supuesto específico de reintegro en caso de incumplimiento”.

Como consecuencia de esta iniciativa, añade Ropero, “el impacto ha sido más que satisfactorio y podemos sentirnos orgullosos, ya que a día de hoy un 99,4% de los 165 municipios que componen la provincia, es decir todos excepto uno, procedieron a su retirada y/o resignificación en los términos recomendados, y el 100% de las entidades locales menores de la provincia respondieron satisfactoriamente a tales recomendaciones”.