El SIP denuncia la "situación insostenible" de numerosos servicios del SEPAD

El pasado 19 de enero, representantes del SIP manifestaron en una reunión con el Director General de Función Pública, Domingo Jesús Expósito Rubio, la urgencia de abordar algunos asuntos de extraordinaria importancia en el ámbito de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. De entre esos asuntos, que aseguran que "no son pocos", uno de los que requiere mayor determinación es abordar la situación "insostenible de numerosos servicios del SEPAD".

Como producto de muchos años de gestión por parte de gobiernos anteriores, el SEPAD, como otros ámbitos de la Junta de Extremadura, "sufren un proceso, más o menos encubierto, de privatización de los servicios a la ciudadanía". 

"Entre las consecuencias más graves que tiene esto, se encuentra la escandalosa retirada de recursos a dichos servicios, tanto en forma de carencia de los trabajadores suficientes como en forma de ausencia del imprescindible mantenimiento de las instalaciones. Esto resulta especialmente grave en el caso de las residencias de mayores, que cubren a una población singularmente vulnerable y a la que debemos un fuerte compromiso social; además, es un segmento en crecimiento, dado el profundo envejecimiento de nuestra sociedad", indican.

La inversión en el SEPAD "brilla por su ausencia, así como el cumplimento de unas condiciones mínimas para usuarios y trabajadores". Según el sindicato, en los centros libres de sujeciones no hay personal ni recursos suficientes para garantizar la seguridad de los usuarios y cubrir las responsabilidades de los empleados públicos; en algunos centros no funciona el aire acondicionado hace meses; no se cubren las bajas por falta de personal y no se conceden a los trabajadores los días que les corresponden, aduciendo permanentemente necesidades del servicio, llegando en algunos casos a incumplir flagrantemente la ley al negar crédito sindical a delegados que lo tienen asignado.

"Para garantizar una atención personalizada, adecuada y digna a los usuarios de las residencias extremeñas es necesario terminar con esta precariedad laboral y de recursos. Sin financiación no es posible mejora asistencial alguna. Sin nuevas plazas de empleados públicos continuará el agotamiento y el estrés de todos los profesionales del sector, particularmente de los técnicos auxiliares de enfermería, que cargan con carencias y funciones que ni les corresponden ni pueden seguir sobrellevando", sostiene. 

En los empleados públicos del SEPAD "se reúnen agravios y maltratos que sufren otros colectivos, sumados a los suyos propios. Entre los primeros, el desprecio a tantos interinos y temporales que, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —que reconoce la transformación de los contratos en fijos como solución ante el fraude de ley al que están sometidos—, la Junta de Extremadura sigue manteniendo en vilo mediante un proceso de estabilización que, como hemos repetido desde el SIP en muchas ocasiones, carece de las garantías jurídicas necesarias. Entre los segundos, los maltratos específicos del sector, se encuentra el agravio comparativo entre el personal del SEPAD y el personal del SES; como ya le manifestamos al Director General de Función Pública en nuestra reunión de enero, la Junta de Extremadura debe poner en marcha un plan para que los empleados públicos de Administración General dejen de ser los 'patitos feos' en comparación con los trabajadores del SES y de Educación". 

"Toda esta situación, no nos cabe duda, se debe a un plan muy preciso que consiste en privatizar progresivamente este tipo de servicios. La privatización necesita, antes, de una destrucción del tejido público que los sustenta y del desprestigio adquirido por su mal funcionamiento. La retirada de recursos públicos va incrementando el tejido privado, a la vez que el desprestigio empuja a los ciudadanos a terminar en residencias privadas, muchas veces teniendo que hacer un esfuerzo económico angustioso", añaden.  

Desde el SIP exigen a la Junta de Extremadura un compromiso firme de dotación de recursos a los centros residenciales extremeños, en forma de ofertas rápidas de empleo público, de transformación en fijos de los empleados temporales, de dotación de financiación necesaria y de procedimientos claros que ayuden a los trabajadores en su día a día. Apoyan a las plataformas de trabajadores públicos y de ciudadanos que se están creando para denunciar esta situación, y estarán presentes en todas las concentraciones y manifestaciones públicas que convoquen. "La reivindicación de centros residenciales públicos y dignos no es solo una reivindicación para la mejora del empleo público de quienes allí trabajan, sino para la calidad de vida de nuestros mayores y de sus familias, que es uno de los grandes patrimonios humanos que toda sociedad con altura moral debe mimar sin ahorrar en ello", apostillan.