El TSJEx admite la demanda de PIDE contra el "cierre ilegal" del CEIP Juan XXIII de Mérida

El sindicato PIDE, ante la decisión unilateral y la posición inflexible de la Consejería de Educación de cerrar el CEIP Juan XXIII de Mérida, se vio obligado a presentar una demanda judicial -admitida ahora por el TSJ de Extremadura- "para evitar el cierre del centro y detener el desmantelamiento de la Educación Pública en Extremadura".

"La Consejería modificó la plantilla orgánica del colegio sin tratar de buscar ninguna solución que permita continuar a los profesores y alumnos en el colegio, ni ha considerado ni contestado a ninguno de los escritos registrados: de petición de informe de inspección del cierre, de las propuestas de mantenimiento y futuro que le hemos planteado desde el Sindicato PIDE, etcétera", explican.

La decisión no fue negociada en la Mesa Sectorial de Educación con los sindicatos, señalan, ni fue convocada la preceptiva Comisión Regional para la Actualización de la Red de Centros de Extremadura (no se reúne desde 2011). Para ellos es prioritario convocarla con carácter urgente ante la caída de matriculación y para revisar las necesidades de los centros públicos y, consecuentemente, "extinguir los conciertos innecesarios en centros privado-concertados".

Desde PIDE recuerdan que la LOMLOE regula que las administraciones educativas deben favorecer e incrementar la matriculación en la escuela pública, ya que a su juicio es la única que garantiza la igualdad de oportunidades: "La Enseñanza Pública es la base de nuestro sistema educativo y los centros privados o concertados son opciones legales pero complementarias, sólo allí donde la oferta pública sea insuficiente".

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha comunicado el 15 de junio que ha admitido la demanda de PIDE contra el cierre del CEIP Juan XXIII, por lo que esperan que este tribunal sopese la decisión de la Consejera y, si entiende que este centro no debe desaparecer, "como así esperamos", revoque la Resolución por la que se excluyó a la plantilla de docentes de este colegio para el curso 2022-2023 y provocó que sus alumnos tuvieran que desplazarse obligatoriamente a otros centros, aunque estos fuesen privado-concertados.

PIDE ha querido citar dicho acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: “ADMITIR A TRAMITE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador en nombre y representación del SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO PIDE, contra la resolución dictada por CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO, de fecha 9/2/22, sobre PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE PLANTILLA ORGÁNICA Y COMPOSICIÓN DE UNIDADES DOCENTES DEL CURSO 2022/2023, Y SUPRESIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO JUAN XXIII DE MÉRIDA, sin perjuicio de lo que resulte del expediente administrativo”.