Golpe policial a la mafia italiana con la detención de más de 100 personas

Las investigaciones comenzaron en junio de 2020 por parte de la Policía Nacional, cuando se detectó que en la isla se encontraba asentado un grupo de personas vinculadas con diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido a través de los múltiples delitos informáticos cometidos en España, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania y Reino Unido.

La organización tenía un alto grado de tecnificación, lo que le permitía abarcar distintas modalidades de fraude informático: phishing, smishing, vishing, sim swapping, fraude del CEO y hackeos a empresas comerciales. Todo ello reportaba al grupo cantidades ingentes de ingresos, concretamente más de diez millones de euros en un solo año de investigación. Ese dinero, una vez recibido en cuentas bancarias controladas, era blanqueado a través de sus empresas o en criptoactivos, para, posteriormente, ser reportado a las organizaciones mafiosas. Se han bloqueado hasta la fecha 118 cuentas bancarias.

La cúpula dirigía toda una red de captadores e intermediarios

Los miembros de la cúpula de esta organización criminal se erigían como una auténtica estructura piramidal delincuencial, y dirigían toda una red de captadores y de cientos de intermediarios financieros, conocidos como "mulas”, que, aunque se posicionaban en los lugares más bajos de la organización, eran un indispensable eslabón en el complejo engranaje del blanqueo de capitales. 

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Este grupo de criminales había conseguido asentarse e introducirse en diferentes estamentos de la sociedad: entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias, entre otros. Este nivel de asentamiento no solo le proporcionó a la organización impunidad para el blanqueo de capitales, sino también para las diferentes actividades criminales propias de estos grupos mafiosos llevadas a cabo en España. Las investigaciones policiales permitieron corroborar, entre estas actividades, la prostitución, compraventa de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y con violencia, lesiones y hasta la implicación de varios de sus miembros en dos homicidios llevados a cabo en la isla. 

La cantidad de dinero que obtenían era tan elevada que manejaban cientos de cuentas bancarias que abrían y cerraban continuamente, llegando en una ocasión a secuestrar a una mujer y, tras amenazarla a punta de pistola, llevarla a un cajero automático para robarle todo el dinero y abrir 50 cuentas bancarias online para la organización. Una vez detenidos, amenazaron a la víctima y su entorno para evitar que testificaran en su contra. 

La extrema violencia de este grupo se manifestaba, además, en otras acciones delictivas. Daban palizas, robaban en establecimientos y extorsionaban tanto a miembros de la organización que se apartaban de las normas internas como a otras personas o empresas tinerfeñas que, por miedo a represalias, no denunciaban, lo que les confirió un importante grado de impunidad.

Las entradas y registros que realizaron los agentes aportaron datos que demostraron la implicación de los investigados en los numerosos ilícitos penales, incluido el tráfico de drogas, ya que se logró detectar una plantación de marihuana compuesta por más de 400 plantas y un centro de procesado de la modalidad full melt o iceolator, consistente en el filtrado de las hojas de la marihuana junto con agua y hielo a fin de aumentar sus efectos, ya que resulta mucho más potente debido al incremento del principio activo THC. 

Recuperación de datos sobre numerosas víctimas de estafas

Por otro lado, se ha evitado la realización de nuevas estafas ya preparadas, incautando en un único registro más de 80 tarjetas de telefonía dispuestas para la realización de delitos de sim swapping y vishing, obteniendo datos sobre numerosas víctimas de estafas informáticas. Para la mafia era tan importante este modo de financiación que mandaban desde Italia a miembros fugitivos de la Justicia Italiana para controlar sobre el terreno sus actividades de financiación y supervisar, así, la obtención y envío de dinero.

Dos de los detenidos tenían vigentes Órdenes Europeas de Detención por 20 años de prisión por tráfico de drogas, robos con violencia y robos con fuerza. Una vez asentados en España, continuaron viviendo gracias al delito, teniendo en vigor, igualmente, órdenes de detención emitidas por Juzgados de la localidad barcelonesa de Sabadell y de la tinerfeña de Arona por secuestro y robos con violencia.

También era habitual que un miembro de la cúpula mafiosa napolitana viajara a Tenerife para controlar las operaciones que se realizaban. Cada vez que esto ocurría, los investigados asentados en Canarias preparaban toda la cobertura y las medidas de seguridad para evitar la detección de esta persona en España, aunque las pesquisas policiales permitieron identificarle y detenerle en Italia a través de una Orden Europea de Detención. Las medidas de seguridad adoptadas por estos fugitivos, conocedores de su situación y de sus contactos, así como de la presión policial, hizo que la explotación operativa se adelantase, una vez que los agentes confirmaron que estaban en posesión de documentación falsa y que programaban su fuga de España.

Centro único de mando ubicado en Santa Cruz de Tenerife

Para ello, se diseñó, planificó y coordinó el dispositivo policial desde la isla de Tenerife, llevándose a cabo 18 entradas y registros y procediéndose a un total de 106 detenciones. Para llevar a cabo el despliegue policial, se estableció un centro único de mando ubicado en Santa Cruz de Tenerife, desde el que se coordinó y lideró un dispositivo policial distribuido en tres fases operativas y en el que participaron miembros de la Policía Nacional, de EUROPOL y de la Polizia di Stato italiana, estableciéndose un canal directo de comunicación con las autoridades judiciales y fiscales competentes de la localidad tinerfeña de Arona, de Bari (Italia), la Fiscalía de Sala en la Unidad de Criminalidad Informática del Tribunal Supremo y la Fiscalía Especial Antidroga de EUROJUST.

Durante la operación, los agentes han intervenido un dispositivo de descarga eléctrica, 12.615 euros, 402 plantas de marihuana en distintos grados de desarrollo, dos básculas de pesaje de precisión, material para el cultivo de marihuana, material para la distribución de dosis de cannabis, 118 cuentas bancarias bloqueadas, 224 tarjetas bancarias y numerosos equipos informáticos, entre otros efectos.