Hermanas Hospitalarias de Badajoz presenta una solicitud de medidas cautelarísimas

Hermanas Hospitalarias presentó el pasado viernes por la tarde ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Badajoz una solicitud de medidas cautelarísimas para garantizar que se cumplen todos los plazos establecidos en la Ley de Contratos de Sector Público (LCSP) y evitar que se produzca el traslado forzoso de los 38 usuarios del Centro de Rehabilitación Residencial de Badajoz para personas con enfermedad mental grave.

El centro, que junto a un piso supervisado gestiona desde 2007 la Línea de Rehabilitación Psicosocial (LRHP) de Hermanas Hospitalarias, fue concedido recientemente a otra concesionaria bajo la condición de su traslado a Olivenza, municipio situado a 30 kilómetros de Badajoz.

“El motivo principal que justifica esta actuación es que el proceso de licitación aún no ha concluido y, por tanto, no se ha realizado la adjudicación del contrato, aunque son diversas las fuentes, incluido el propio Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), las que hablan de un traslado inminente a Olivenza.

En la solicitud de medidas cautelarísimas, “desde Hermanas Hospitalarias solicitamos que se cumplan los plazos y requisitos establecidos en la Ley, así como tener la oportunidad de poder recurrir una adjudicación que aún no se ha producido”, afirma Cristina Polidura, directora gerente de la LRHP.

En ese sentido, la portavoz de Hermanas Hospitalarias añade que no se puede forzar un traslado de hogar y de puesto de trabajo en base a un acto que aún no es firme y sin comprobar si la entidad concesionaria cumple con los criterios de solvencia y de adscripción de medios estipulados en los pliegos de la licitación: “Realizar un traslado de los pacientes a 30 kilómetros es potencialmente desestabilizador para las personas con trastorno mental grave que son atendidas en nuestros centros, y máxime sin ninguna planificación ni organización del mismo. Además, si se produjera dicho traslado y finalmente la empresa no fuera adjudicataria, los usuarios y profesionales deberían trasladarse de nuevo a Badajoz. Un cambio como el que se plantea no debería realizarse sin que la adjudicación fuera firme y sin que se realizara una planificación adecuada y acorde a la situación de los usuarios y sus familias”.

PLIEGOS DE CONDICIONES CON UN “ALTO IMPACTO” PARA LOS USUARIOS

Desde Hermanas Hospitalarias recuerdan que la LRHP lleva 25 años colaborando con la Junta de Extremadura en la atención a personas con trastorno mental grave y que en todo momento ha mantenido la actividad “con el más alto nivel de calidad asistencial, y siempre teniendo muy presente los valores de la Institución”.

Cristina Polidura señala que desde el año 2019, cuando se produjo la actualización del XV Convenio de Discapacidad, con el consiguiente incremento de los costes salariales, Hermanas Hospitalarias ha tratado de buscar alternativas que permitiesen continuar prestando el servicio en las condiciones de financiación necesarias para ofrecer a los ciudadanos extremeños una prestación de calidad como la desarrollada hasta la fecha.

“A lo largo de este tiempo el SEPAD ha licitado este concurso en tres ocasiones. En las dos primeras licitaciones no se daban las condiciones económicas necesarias para que se pudiera prestar un servicio de calidad de forma sostenible y a la altura de lo que sin duda merece el colectivo de personas con Trastorno mental grave de Extremadura, por lo que Hermanas Hospitalarias tomó la decisión de no optar a estos concursos, explicando al SEPAD en todo momento los motivos de dicha decisión y tratando de buscar alternativas”, informe Polidura.

Cuando en la tercera licitación, de enero de 2021, se produjo finalmente un incremento de presupuesto que permitía a Hermanas Hospitalarias seguir prestando un servicio de calidad, el SEPAD modificó unilateralmente ciertas condiciones de los pliegos, entre las que se incluía la posibilidad del traslado del centro a 30 kilómetros de la ciudad de Badajoz, la eliminación de la prestación del piso supervisado y la reducción de la duración del contrato de 5 años a 504 días.

“Este cambio supone un importante impacto, ya que muchos de los usuarios viven en este centro desde hace más de once años, utilizan de forma habitual recursos comunitarios, están inscritos en programas de formación o están haciendo prácticas en empresas para lograr su inserción laboral. El traslado a una localidad que se encuentra a 30 kilómetros de Badajoz implica el riesgo de que estas personas pierdan los vínculos con el entorno comunitario y buena parte de los logros que con tanto esfuerzo han alcanzado en estos años”, argumenta la directora gerente de la LRHP, que añade que la corta duración del contrato “se traduce en una mayor inestabilidad y sensación de provisionalidad por parte de los usuarios respecto a su hogar”; y que el cierre del piso supervisado en el que actualmente conviven 8 personas supone cerrar la puerta a un hogar en el que estas personas “han logrado uno de los mayores éxitos de su vida y en el que llevan una vida con el máximo nivel de autonomía”.

Pese a este desencuentro, Hermanas Hospitalarias recuerda la firme voluntad de la institución de continuar colaborando con la Junta de Extremadura en el crecimiento de la red de atención en salud mental de la región, tal y como viene haciendo desde hace 27 años. Y concluye que, siendo fieles a los valores de la institución, formalizada la concesión y cumplidos los plazos y requisitos establecidos en la Ley, el centro facilitará en todo momento el traspaso “con el objetivo de que este cambio afecte lo menos posible a las personas atendidas y sus familias”.