Intervienen 2.000 cajetillas de tabaco a un conductor en Extremadura

Este viernes ha trascendido que agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Cáceres, localizaron el pasado día 1 de septiembre un total de 2.000 cajetillas de tabaco, de diferentes marcas comerciales, que eran transportadas en un vehículo y que carecían de precintos legales.

La Guardia Civil levantó acta por una supuesta infracción a la Ley de Reprensión del Contrabando, interviniendo todo el género que quedó a disposición de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Cáceres.

LOS HECHOS

La intervención fue llevada a cabo el pasado día 1 de septiembre durante un dispositivo que Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (USECIC), habían establecido en la autovía A-66 (dentro del término municipal de Casas de Don Antonio), con el objetivo de controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de cometer actos delictivos.

Tras dar el alto a un vehículo que circulaba sentido Gijón, e identificar a su conductor, los agentes inspeccionaron su interior localizando en el maletero cuatro cajas de grandes dimensiones que contenían un total de 2.000 cajetillas de tabaco de distintas marcas comerciales, y que carecían de los precintos legales.

Infracción a La Ley 12/1995 de Reprensión del Contrabando

La Guardia Civil intervino la totalidad de cajetillas que eran transportadas, levantando la correspondiente acta por una supuesta infracción a la Ley Orgánica 12/1995 de Reprensión del Contrabando, al carecer mencionadas cajetillas de tabaco de la correspondiente marca fiscal (precinta), quedando depositadas a disposición de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Cáceres.

Cabe recordar que los precintos fiscales son una garantía tanto para la Hacienda Pública como para el consumidor.

Para la primera por que le garantiza el cobro del correspondiente impuesto del producto y para el segundo, y más importante, porque le asegura que el producto que adquiere está distribuido legalmente y, por tanto, que cumple con los necesarios requisitos de calidad y seguridad para su consumo.