Peligran estas nuevas plazas docentes en la UEx si la Junta y el Gobierno no llegan a un acuerdo

En la Junta de Extremadura se ha sembrado una nueva polémica en relación la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En este sentido, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional muestra su descontento por la falta de consenso en la propuesta del Gobierno central, al margen de las comunidades autónomas, para financiar dicha implantación.

La consejería extremeña formaba parte de la comisión de trabajo compuesta por seis comunidades autónomas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y sindicatos, creada a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con la finalidad de consensuar aspectos esenciales relativos a la implantación de esta ley.

La citada comisión presentó el 4 de marzo una propuesta que trasladó al ministerio para su estudio. Sin embargo, antes de ofrecer una respuesta, el Gobierno Central trasladó en una reunión con la Junta Rectora de la CRUE su decisión de sufragar dos terceras partes del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU.

La consejera lamenta que “esta decisión haya sido adoptada al margen de las comunidades autónomas y sus consecuencias, ya que la aplicación de esta ley supondrá un sobrecoste para la Universidad de Extremadura que no debe ser asumido mayoritariamente por la comunidad autónoma”.

En relación a la Universidad de Extremadura, en concreto precisan 69 plazas de profesores ayudantes doctores, lo que supone un sobrecoste de 2,5 millones de euros al año. Desde la Consejería aluden a que “hay que tener en cuenta que el Ministerio sólo pretende cubrir una parte del coste del contrato temporal durante 6 años de los profesores ayudantes doctores. Con esto se da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas. El Ministerio pretende, además, que a partir de ese plazo sean las comunidades las que financien la totalidad del coste de esos contratos”.

“Por todo ello, Extremadura muestra su disconformidad con las medidas unilaterales adoptadas por el Gobierno, después de que ya se hayan celebrado tres sesiones del grupo de trabajo, en las que se ha analizado por primera vez el impacto real de la LOSU y se ha llegado a algunos acuerdos, entre los que figura el retraso de la entrada en vigor de algunos aspectos de la LOSU”, concluyen desde Educación.