“La delegada y Osuna presionaron al jefe de la Policía Local para que emitiera un informe”

“La delegada del Gobierno en Extremadura y el alcalde de Mérida presionaron al jefe de la Policía Local para que emitiese un informe y modificar el recorrido de la tractorada”. Así lo ha manifestado este viernes el secretario general de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, quien ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el archivo de la causa.

Y es que también este viernes conocíamos que el juzgado número 4 de Badajoz ha acordado el archivo de las diligencias previas de la querella presentada por La Unión al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna.

La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, modificó la resolución de 14 de diciembre de 2018 por la que cambiaba el recorrido de la tractorada que se iba a celebrar en Mérida el 19 de ese mismo mes, con apenas 10 horas de antelación.

Según indicó la delegada, se basó en un informe emitido por la Policía Local de Mérida en el cual no se aconsejaba por motivos de seguridad el tránsito de los tractores por el recorrido inicial (el cual estaba aprobado por la propia Delegación del Gobierno) que pasaba por Presidencia de la Junta, en la Plaza del Rastro.

Según Luis Cortés, el pasado 27 de marzo declaró en sede judicial el superintendente Jefe de la Policía Local de la capital extremeña, “en la que afirmó que el día anterior a la celebración de dicha manifestación, concretamente a las 14:55 horas, recibió una llamada del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, pidiéndole un informe por el que desaconsejase el recorrido de la manifestación”.

El jefe, según la Unión, se negó a la elaboración de este informe al ser “espontáneo” y “no tener tiempo material para preparar las medidas para el nuevo recorrido”. Posteriormente, Osuna le manifestó que le llamarían desde la Delegación del Gobierno y que “hiciera lo que ellos le dijeran”.

Minutos después le llamó el secretario general de la Delegación, Fernando Gutiérrez, instándole por orden de la delegada del Gobierno a enviar dicho informe, por lo que, según Cortés, el jefe de la policía local finalmente cedió.

“Tras estas declaraciones queda de manifiesto que la delegada mintió en sede judicial al informar que había cambiado el recorrido fuera de los plazos legales debido al informe de la Policía Local y que la Delegación del Gobierno no tenía nada que ver. Además, presionó al jefe de la policía local para la redacción de dicho informe al igual que al alcalde de Mérida para que a su vez éste coaccionara al jefe del cuerpo de seguridad”, ha señalado Luis Cortés.

Ante estos hechos, Cortés no entiende ni la actitud de la Fiscalía ni de la propia jueza que pretenden archivar el caso “al verse implicada la delegada del Gobierno”. La Unión considera que si se hubiera tratado de otra persona no se habría tomado esta decisión judicial.

Por ello, esta organización agraria ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Justicia los intentos de archivo de la presente causa y solicitan la testificación del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Gutiérrez; así como del inspector y subinspector de la Policía Local de la ciudad.