La Fiscalía mantiene la pena de 17 años de prisión para el yihadista detenido en Mérida

La Fiscalía mantiene su petición de 17 y 7 años de cárcel para un matrimonio afín al Estado Islámico acusado de financiar a terroristas del Dáesh que fueron detenidos en septiembre de 2017 en Mérida.

Ataul H. y Ana María G. se instalaron en Mérida, desde donde pusieron en marcha una nueva sociedad con ella como administradora única, pero en la que el marido era el verdadero conocedor del negocio. Su función era enviar drones a Siria, algo que negó la pareja desde el primer juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

En su informe final, poco antes de que el juicio quedara visto para sentencia, el fiscal José Perals ha considerado acreditada la participación del matrimonio en un entramado dirigido a financiar al Dáesh, y solo ha modificado la multa que reclama al marido, Ataul H., por suministrar tecnología al Dáesh, y que ha rebajado de 10.000 a 3.000 euros.

LOS HECHOS

El detenido, un hombre de 34 años y de nacionalidad bangladesí, constituía el último reducto de una célula oculta tras un entramado legal de empresas que llevaba desde 2014 realizando transferencias económicas sospechosas de sufragar acciones terroristas, así como de apoyar el envío de material tecnológico de doble uso.

El detenido se instaló en España a finales de 2015 buscando ocultarse tras la desarticulación por otros cuerpos policiales de las filiales de sus empresas en Reino Unido y Bangladesh, empleadas todas ellas como tapadera para dar opacidad al origen y destino real de los fondos. Todos los detenidos constituían el último eslabón de una célula que durante años sirvió a esta poderosa rama de DAESH desde estos países.

Su objetivo desde el principio era impulsar la reconstrucción del mismo entramado empresarial en España bajo otro nombre para no ser detectado. En concreto, una nueva compañía que se valía de la misma red comercial de proveedores, contactos y clientes de las sociedades desmanteladas.

El detenido estaba retomando las actividades delictivas que precipitaron la detención de varios de sus familiares (el padre y hermano menor del detenido) así como de sus socios. Entre ellas, inyectar grandes cantidades de dinero a una nueva empresa en Bangladesh a través de pagos no justificados y no acordes al patrimonio de la empresa. 

Los detenidos en Bangladesh constituían la cúpula directiva de esta nueva filial y se correspondían con el equipo técnico de las ya desmanteladas y que, según las autoridades de este país, podría encontrarse detrás de la financiación del atentado cometido en un café-panadería en la capital de Daca en julio del año pasado.

Acorde con la estrategia de la organización terrorista de potenciar sus capacidades técnicas en zona de conflicto, el detenido empleaba sus conocimientos científico-técnicos para ejecutar búsquedas en Internet sobre la adquisición de drones y otros materiales de doble uso.