La Justicia obliga a la Junta a abonar parte de la deuda que tiene con LEDA

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida ha estimado íntegramente el recurso presentado por Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) en contra de la Junta de Extremadura, que ahora deberá abonar a la empresa una parte de la cantidad adeudada en concepto de responsabilidad patrimonial correspondiente al año 2016, y que asciende a 23.261 euros.

Según explica la empresa en un comunicado, en una sentencia firme, emitida con fecha de 3 de junio, el citado Juzgado condena a la Junta de Extremadura a abonar esta suma, más los intereses legales correspondientes, así como también las costas derivadas del procedimiento judicial.

Para LEDA esta sentencia “viene a reconocer la legítima reclamación que ha venido expresando en los últimos años” y “pone de manifiesto que el gobierno regional no ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones, colocando a esta empresa extremeña contra las cuerdas y perjudicando gravemente a los 70 trabajadores que tiene en plantilla y que han sufrido retrasos en el pago de sus nóminas”.

“Esta sentencia es un espaldarazo al gran esfuerzo que hemos realizado en los últimos años para que los extremeños no padezcan interrupciones del servicio y que solo ha sido posible con el sacrificio de nuestros trabajadores, a quienes agradecemos su compromiso con una empresa que nació en Extremadura y que está cerca de cumplir 100 años”, añaden desde LEDA.

No obstante, desde la empresa explican que esos 23.261 euros que la Junta deberá pagar ahora, solo constituyen una parte reducida de la cantidad adeudada en 2016, que alcanza los 218.156 euros y a los que se añaden 461.732 euros, correspondientes a 2017, y 345.842 euros, pertenecientes al 1er. Semestre del ejercicio 2019.

Así, LEDA ha mostrado su deseo de que esta sentencia firme sirva para que el gobierno autonómico asuma su error y pague las cantidades que durante demasiado tiempo ha estado negando a la empresa. “No pedimos nada que no sea nuestro”, ha añadido el consejero delegado de la empresa, José Emilio Cruz.  

En este sentido, la empresa ha manifestado que no desea volver a los tribunales para cobrar las cantidades pendientes, porque las sentencias en contra de la Junta repercuten en los extremeños y les suponen un gasto innecesario en costas judiciales que podrían evitarse con simple voluntad política y con seriedad en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. “Esperamos no vernos obligados”, ha apuntado.

Desde el año 2016, “hemos estado prestando un servicio que nos ha supuesto más gastos que beneficios”, ha indicado y ha añadido que “es imposible mantener líneas deficitarias sin la colaboración de la Junta”. “Las empresas no queremos sentir que estamos mendigando algo que nos corresponde por legitimidad”, ha dicho y ha reiterado su interés de que esta primera sentencia “sirva para abrir los ojos del gobierno regional y no tengamos que seguir acudiendo a los tribunales”.