La Policía Nacional libera a cuatro mujeres prostituidas en pisos

Agentes de la Policía Nacional han liberado en San Sebastián (Guipúzcoa) a cuatro mujeres de origen venezolano explotadas sexualmente tras ser captadas en Venezuela bajo la promesa de un trabajo digno para pagar su deuda de 4.500 euros.

Eran obligadas a prostituirse durante los 90 días que duraba su estancia legal en España, y controladas continuamente con cámaras de video-vigilancia.

Diez personas han sido detenidas durante una operación que ha finalizado con entradas y registros en cinco viviendas, dos de ellas utilizadas para la explotación de las víctimas y tres como residencia de los principales investigados, donde han intervenido un vehículo, diversa documentación, un arma blanca prohibida, cuatro gramos de marihuana y 2.615 euros en efectivo.

ENGAÑADAS CON OFERTAS DE TRABAJO FICTICIAS

La investigación fue iniciada cuando una mujer venezolana denunció, mediante correo electrónico, que era víctima de trata de seres humanos y estaba siendo prostituida en un piso de la capital guipuzcoana.

La organización se valía de la situación de precariedad que vivían estas mujeres en Venezuela para ofertarles trabajos ficticios en España. De este modo, les sufragaban el importe de los billetes de avión y les entregaban una cantidad de dinero suficiente para que pudieran pasar el control fronterizo. La reserva de hotel también era ficticia y el responsable del establecimiento, ubicado en Burgos, colaboraba con la organización facilitando un datáfono para los cobros de servicios con tarjeta, ayudando de esta manera a blanquear el dinero proveniente de la explotación.

Tras la llegada a España, les retiraban el dinero adelantado y eran trasladadas a los pisos de San Sebastián.

Además, les comunicaban que habían contraído una deuda de 4.500 euros y que debían devolverla ejerciendo la prostitución. Las mujeres eran controladas por otros miembros de la organización, quienes se ocupaban de proporcionarles estupefacientes y de responder las llamadas de los clientes que previamente habían leído sus anuncios publicados en Internet. Además del propio encargado, los pisos contaban con un sistema de video-vigilancia controlado por los responsables del grupo mediante aplicaciones de telefonía móvil.

LIBERADAS A LOS 90 DÍAS

Siguiendo las instrucciones de la organización desmantelada, una vez que terminaba su periodo de estancia legal de 90 días en España eran liberadas y, desde ese momento, se encontraban en situación irregular por lo que debían regresar a su país para evitar la expulsión y prohibición de entrada. Con este método, han acreditado que la organización ha podido trasladar a 52 mujeres.

La operación ha culminado con la detención de diez personas, ingresando cuatro de ellas en prisión provisional como presuntos autores de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.