Los cortes de luz en 41 municipios extremeños por fin tendrán una solución

Parece que la indignación de la ciudadanía y la voz de los alcaldes de aquellos municipios que sufren continuos cortes en el suministro de energía eléctrica ha sido, por fin, oída por la Junta de Extremadura.

En la reunión del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar este martes en Mérida han aprobado un decreto ley para luchar contra el "muy deficiente" servicio que las compañías eléctricas prestan a algunas localidades extremeñas, que sufren continuos y prolongados cortes que perjudican de modo ostensible a la economía local.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dado a conocer ese decreto-ley con el que pretenden garantizar el derecho de los consumidores de energía eléctrica en las zonas rurales afectadas por los cortes.

Con el texto, que modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en Extremadura, aprobado por el Consejo de Gobierno la Junta atiende, según Fernández Vara, a las demandas de algunos alcaldes en lo que ha calificado como “una urgente necesidad” de corregir el elevado número de cortes en el suministro eléctrico.

El decreto-ley, ha explicado el presidente de la Junta, introduce unos nuevos parámetros relativos a los índices mínimos de calidad del servicio con el fin de que los 41 municipios afectados, que ya “habrían incumplido” esos parámetros si el decreto ley hubiese estado en vigor, puedan revertir esa situación a partir del año próximo.

Entre esos municipios, que suman una población total de unos 30.000 habitantes, ha mencionado a La Parra, Feria, La Morera, Salvatierra de los Barros, Nogales y La Lapa

Vara afirma que la vía para solucionar esos problemas es la inversión, por lo que el nuevo decreto-ley obliga a las compañías distribuidoras a invertir en los municipios donde no se alcancen los niveles mínimos de calidad, al tiempo que prevén la imposición de sanciones económicas de hasta 600.000 euros en caso de incumplimiento.

El presidente ha insistido en que la urgencia de la medida aconsejaba la adopción de la fórmula del decreto-ley, con el objetivo de abreviar el tiempo necesario para su tramitación, ya que, ha indicado “el invierno está llegando cargado de agua y viento y estos pueblos no pueden esperar”.

El decreto-ley entrará en vigor cuando se publique en el DOE, si bien deberá ser ratificado en la Asamblea de Extremadura en el plazo de un mes. En caso de que no fuera así, debería ser tramitado como proyecto de ley, cuyo procedimiento es más lento, ha recordado.