Monago denuncia que la Junta quiere subir el precio del agua en todos los municipios extremeños

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha denunciado que la Junta quiere subir “de tapadillo y en pleno agosto” el precio del agua en todos los municipios de la región.

Así, Monago se ha referido al anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua de Extremadura que la Junta ha aprobado y sometido a consulta pública en la primera quincena de agosto. Tal y como está planteada, la norma sería muy perjudicial para los ayuntamientos, a los que obligaría a asumir nuevas cargas y servicios.

Para Monago, es “más que evidente” que no hay una urgencia justificada para acelerar la consulta pública de la ley. Por tanto, sorprende que se avance en mitad del verano en el desarrollo de una norma que ni siquiera ha sido presentada por Vara a la Fempex o a los Grupos de la Asamblea. Asimismo, Monago ha incidido en que en estas fechas los ayuntamientos están dedicados casi en exclusiva a luchar contra la pandemia y atender a sus vecinos y visitantes, por lo que ha calificado la acción de “burdo intento de sablazo”.

El presidente del PP ha puntualizado que detrás de la pretensión, incluida en este anteproyecto de Ley, de “armonizar” las tarifas del agua en todos los municipios de Extremadura se esconde la intención de una subida del precio del suministro que los socialistas quieren “legalizar” estableciendo definitivamente el Canon de Saneamiento (como consta en el artículo 25); un tributo que grava la utilización del agua en la región, a pesar de que Vara se comprometiera a eliminarlo.

Asimismo, Monago ha avanzado que el PP “rechazará” cualquier armonización socialista que, en plena crisis del Covid, sirva para encarecer suministros básicos de todos los extremeños. En este sentido, ha afeado a Vara que no le baste sólo con estar “callado como una tumba” ante el abuso de los precios de la luz que baten récords en una ola de calor, sino que ahora quiere que los extremeños, que son los Españoles con la renta más baja, empiecen también a pagar el agua como un “bien de lujo”.

Monago ha rechazado que se imponga a los municipios prestar nuevos servicios que la Junta no les abonaría: como un sistema de información sobre la transparencia del ciclo urbano del agua. Se les obligaría a contar con una responsable en cada localidad, y también conllevaría la obligación -de dudosa legalidad- de identificar personas o grupos de personas que no tengan acceso al agua para consumo humano, la instalación en espacios públicos de equipos para el acceso gratuito al agua, o promover campañas para el suministro gratuito en establecimientos públicos y privados.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

José Antonio Monago ha aseverado que el anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua de Extremadura que quiere aprobar la Junta invade claramente competencias municipales al establecer (artículo 5.1.k) que corresponde a la Junta la regulación de los criterios básicos de las tarifas del ciclo urbano del agua, es decir las tasas de abastecimiento y depuración, cuando la Ley de Aguas del Estado establece claramente que es a los propios ayuntamientos a los que compete establecer estas tarifas.

Para el Partido Popular, la ley se inmiscuye también en las competencias municipales al establecer (artículo 20) que la Junta puede obligar a los ayuntamientos a adherirse a un sistema de gestión supramunicipal del agua, así como al limitar el crecimiento urbano o las ayudas a la financiación de las infraestructuras cuando el municipio tenga supuestos problemas de rendimientos en sus redes de abastecimiento, unos rendimientos que, por cierto, la ley no define.

Monago ha expresado que estamos ante una ley socialista “presidida por el oscurantismo”, el intervencionismo en la autonomía municipal y la avidez por el cobro de más impuestos. Por ello, son muchos los ayuntamientos que están preocupados y que alegarán para impedir que se invadan sus competencias. Por último, Monago ha pedido a Vara que rectifique este “asalto tributario” y no tenga la tentación de apoyarse en el rodillo de la mayoría absoluta para vulnerar la legislación del Estado en materia de régimen local y atentar contra la autonomía municipal.