Nueva manifestación en Mérida por la problemática habitacional de Extremadura

Campamento Dignidad y Mérida Solidaria organizan una manifestación en Mérida el 15 de julio para reclamar y exigir a la Junta de Extremadura políticas de viviendas que hagan frente al enorme déficit habitacional que tiene la Comunidad.

COMUNICADO

Hay cientos de familias y personas jóvenes en muchas localidades extremeñas que sufren las consecuencias que ponen freno al desarrollo de sus perspectivas vitales por carecer de viviendas y además, no tener posibilidades de acceder a ellas.

No sólo la falta de viviendas públicas es un problema común que castiga a la población extremeña, también las consecuencias derivadas de la crisis económica agravadas por la pandemia contribuyen a incrementar los efectos negativos que se traducen en lanzamientos por impago de alquileres y ejecuciones hipotecarias.

Las cosas se complicarán mucho más, especialmente para las clases trabajadoras que son las que han sufrido y sufren las consecuencias de la pandemia, cuando a partir del 8 de agosto de este año termine la moratoria aprobada por el gobierno; por lo que las previsiones para los próximos meses pueden ser aterradoras tanto en territorio español como en Extremadura.

La Junta de Extremadura decidió suspender los desahucios en viviendas públicas hasta la finalización del estado de alarma. Por lo que dada la situación económica que están atravesando buen número de familias extremeñas es de esperar que la Junta siga manteniendo esta actitud de suspensión de los desahucios de modo indefinido.

A pesar de la actitud de la Junta, la situación en materia de lanzamientos no extraña a la que se da en todo el territorio español. Tal y como pone de manifiesto la PAH que viene denunciando que a pesar del “escudo social” del autodenominado “Gobierno más progresista de la historia”, que presume de “no dejar a nadie atrás”, durante la pandemia ha seguido habiendo desahucios. Así, en el estado español, según la PAH, han sido expulsados de sus casas entre enero y marzo de este año unas 11.000 familias por no poder pagar su alquiler o hipoteca.

En la Comunidad Extremeña, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, en el primer trimestre de 2021 se situó en 126, lo que implica un incremento del 17,76 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

La nota informativa del Banco de España (https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe210521.pdf) sobre la aplicación de las moratorias legislativas y sectoriales hasta el 30 de abril de 2021 señala que para los tres tipos de moratorias más del 70 % de las personas afectadas por estas deudas corresponden a asalariadas, y el 30 % restantes a trabajadores autónomas, empresas y profesionales. El resumen de la nota informativa del Banco de España para los tres tipos de moratorias referidos a préstamos con garantías hipotecarias, sin garantías hipotecarias y préstamos suspendidos indica que:

Las moratorias aprobadas durante la pandemia COVID-19 con garantías hipotecarias en apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, hasta el 30 de abril de 2021, suponen un capital pendiente de devolver, pendiente de amortización de unos 20.500 millones de euros. Las moratorias sin garantías hipotecarias suponían una cantidad en créditos de 2.900 millones de euros, y las cantidades en préstamos suspendidos ascendían a unos39.000 millones de euros, siendo el capital total pendiente de devolver de unos 57.400 millones de euros, según datos del Banco de España.

Desde Campamento Dignidad y Mérida Solidaria consideramos que la situación habitacional en cuanto a la carencia de viviendas públicas y lo que pueda ocurrir después del 8 de agosto cuando termine la moratoria requieren de una intervención urgente de la Junta de Extremadura, ejecutando una política que ataque básicamente el déficit de viviendas públicas al menos en varias cuestiones fundamentales:

1.- Adquisición para su puesta en alquiler social de las muchas que están en manos de entidades bancarias y otras administraciones públicas, como ocurre en Mérida y Badajoz.

2.- Procediendo de modo inmediato a la finalización de viviendas a medio construir, y se programe la construcción o adquisición de viviendas en aquellas localidades en dónde haya necesidades.

3.- Impidiendo todo tipo de desahucios a familias que se encuentren en un estado de vulnerabilidad económica y social.

Mérida Solidaria y Campamento Dignidad hacemos un llamamiento a la participación y movilización el 15 de julio para exigir al gobierno de Extremadura que atienda y haga frente a las diferentes cuestiones que presenta la problemática habitacional entre la población de nuestra Comunidad